El significado de lo sucedido hace justo 50 años, las interpretaciones acerca de sus causas y las lecciones que se pueden extraer para el futuro han sido temas que han copado la agenda de los últimos meses. Y aunque el debate se ha concentrado en la dimensión política del tema, del cual han surgido varios “nunca más”, en el ámbito de la economía también es necesario un análisis similar. La crisis económica en que derivó el gobierno de la UP, cuya expresión más palpable fue la hiperinflación de 1973 (aumento del IPC por sobre el 500%), pero que también incluyó una caída en el PIB de 5,6%, una disminución en los salarios reales de 30% y una crisis cambiaria de proporciones, deja también lecciones que dan origen a otros “nunca más” que son también fundamentales para impedir que se produzca un nuevo descalabro económico en el futuro.
Primero, nunca más a la irresponsabilidad fiscal: el aumento en el gasto público durante 1973 lo llevó a alcanzar una cifra cercana al 44 por ciento del PIB, sin haber existido financiamiento para ello, al punto que el déficit fiscal bordeó el 25 por ciento del PIB. Para tener un orden de magnitud es ilustrativo considerar que solo la parte desfinanciada del presupuesto público 1973 era equivalente a lo que la totalidad del gasto fiscal representa actualmente en relación al PIB. Una norma de responsabilidad fiscal debería quedar plasmada en la Constitución.
Segundo, nunca más recurrir a la emisión de dinero para financiar gasto fiscal, ya que en ello está el origen de los procesos inflacionarios más severos, como Chile 1973 y Argentina 2023. La clave: un Banco Central autónomo con limitaciones para comprar títulos de deuda al Fisco.
Tercero, nunca más a los controles de precios y salarios para combatir la inflación, ya que ello distorsiona la economía, afecta negativamente la inversión y provoca desabastecimiento. La clave: profundizar la competencia y eliminar trabas. Cuarto, nunca más al irrespeto a la propiedad privada y a las expropiaciones sin pago del valor económico y al contado, ya que ello tiene un impacto negativo directo sobre la inversión, como ocurrió en el caso del cobre, de la reforma agraria y con la confiscación de empresas a través de resquicios legales. Quinto, nunca más al control estatal de la economía a través de empresas públicas y de planificación central, por cuanto se pierde eficiencia y se resiente la inversión privada. La clave: un “Estado-facilitador” y no un “Estado-emprendedor”. Sexto, nunca más a un proteccionismo económico empobrecedor que cierra las puertas al desarrollo del potencial exportador del país. Por último, y por sobre todo, nunca más al cercenamiento de la libertad para emprender y a la libertad para que sean las propias personas los actores protagónicos en la construcción del futuro al que aspiran.
Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad, Universidad del Desarrollo
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