El rechazo en la sala de la Cámara del proyecto de reforma tributaria que había presentado el gobierno definitivamente marca un antes y un después en la discusión sobre el tema. Es cierto que al no tener el gobierno mayoría en el Senado se iba a ver obligado a negociar determinadas materias (como por ejemplo el impuesto al patrimonio y el impuesto a las utilidades retenidas), pero siempre bajo el paraguas de la nueva arquitectura que se estaba proponiendo, en la cual destacaba, en cuanto a su estructura, la desintegración total entre la tributación a nivel de empresas y de personas, estableciéndose así un tratamiento diferenciado a las rentas provenientes del trabajo o del capital, afectándose así la equidad horizontal del sistema impositivo.
El rechazo del proyecto tributario del gobierno obliga a abordar el tema desde una perspectiva diferente, partiendo por definir el objetivo preciso que se busca con una mayor recaudación tributaria, por estimar la cuantía de los recursos que esto implicaría, y luego estudiar la mejor forma de obtener los recursos adicionales que ello demandaría. Pero antes de optar por subir uno u otro impuesto, obviamente lo que procede es evaluar primero reasignaciones de fondos públicos desde reparticiones en las cuales se puede mejorar la productividad haciendo las cosas de una manera diferente, como también extrayendo recursos desde programas que ya no se justifican o que tienen una mala evaluación, pero que por efecto de la inercia se siguen manteniendo, o porque cualquier cambio en este ámbito despierta resistencia desde los sectores que se ven afectados. Y segundo, eliminar aquellas exenciones tributarias y tratamientos preferenciales que ya no tienen justificación, o que introducen una distorsión que termina siendo dañina para la economía, como ocurre en los casos de la renta presunta y de la tributación a los combustibles. Ajustes impositivos de este tipo, sumados a un mejor control de la evasión y de la elusión, ciertamente se traducirían por sí mismos en un aumento de la carga tributaria y en la recaudación efectiva.
Completadas las fases anteriores -las cuales, por cierto, requieren de un acuerdo político amplio-, habrá mayor claridad respecto de la cuantía de los recursos que sería necesario obtener a través de una tributación adicional. Y llegado a este punto, hay dos aspectos que deberían ser especialmente considerados. Primero, no establecer cargas adicionales sobre el ahorro y la inversión, pilares fundamentales para aumentar el crecimiento económico -principal fuente de generación de una mayor recaudación tributaria-, en los que se advierte una insuficiencia evidente. Y segundo, aplicar los cambios con gradualidad, para no entorpecer la fase de recuperación económica que habrá de venir una vez finalizado el ajuste en marcha, primer paso para mejorar la capacidad de crecimiento de mediano y largo plazo. De lo contrario, lo que se arriesga es que los “brotes verdes” terminen siendo una partida en falso, como ha ocurrido otras veces.
Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad UDD
