La reciente aprobación del proyecto que establece un nuevo royalty a la minería constituye un importante triunfo político para el ministro Marcel, que luego del rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria quedó en una posición muy debilitada para seguir avanzando en la materia. A pesar de que el proyecto de royalty a la minería formaba parte de una misma iniciativa gubernamental orientada a aumentar la recaudación impositiva, en su tramitación legislativa ambos proyectos de ley transitaban por cuerdas separadas.
La pregunta que viene ahora es acerca de la naturaleza que debería tener una nueva discusión tributaria. A pesar de que suele decirse que nunca hay un buen momento para subir impuestos, la verdad es que hay momentos peores que otros, y la actual coyuntura es particularmente delicada, en atención a lo débil que está la economía y a las modestas perspectivas que hay para el crecimiento de mediano y largo plazo. El país necesita con sentido de urgencia fortalecer el ahorro interno e incentivar una mayor inversión para poder salir del pantano económico en que se encuentra, y, en ese sentido, lo aconsejable sería actuar con suma cautela en materia tributaria.
Se ha insistido bastante en que las propuestas de establecer un impuesto al patrimonio, de gravar parte de las utilidades retenidas y de establecer un sistema tributario dual para personas y empresas afectarían negativamente el ahorro y la inversión, y la respuesta del mundo oficialista ha sido que se trata de temores infundados. Quienes contraargumentan de esta forma harían bien en dar una mirada a las estimaciones que ha realizado el propio Ministerio de Hacienda en esta materia, las que indican que la suma de los tres gravámenes señalados afectaría negativamente el PIB per cápita de largo plazo en 2,7%. ¿Y cómo entonces el gobierno podría apoyar una propuesta que tenga ese impacto? Porque a su vez se estima que el mayor gasto que la recaudación adicional permitiría financiar tendría un efecto favorable en el crecimiento, atribuyéndole el informe oficial solo a la mayor inversión en I+D un impacto positivo en el PIB per cápita de largo plazo de 3,2%. Más allá del voluntarismo que subyace a esta cifra, siendo discutible su alcance, ella no desmiente el hecho de que en las propias estimaciones oficiales está considerado un efecto negativo en el PIB como consecuencia de las medidas tributarias propuestas.
Por todo esto es que lo más aconsejable en las actuales circunstancias sería dejar atrás tales propuestas, y concentrarse en los temas vinculados a las exenciones, la evasión y la elusión. De acuerdo a las estimaciones oficiales, esto último, sumado al royalty, podría generar una recaudación superior al 2% del PIB, cifra que en las circunstancias en que se encuentra la economía no parecería prudente sobrepasar.
Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación, Empresa y Sociedad, U. del Desarrollo
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