Ante el nulo avance que ha tenido la tramitación legislativa del proyecto de reforma al sistema de pensiones presentado por el gobierno en noviembre del año pasado, la ministra del Trabajo está empeñada en empujar esta iniciativa buscando acuerdos políticos simultáneos a nivel de diputados y senadores, consciente ya de que el proyecto original no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en los términos inicialmente planteados. Mucha agua ha pasado bajo el puente durante estos ocho meses en todos los ámbitos, de manera que una mínima dosis de realismo político lleva a la conclusión de que si efectivamente existe de parte del gobierno la intención de aprobar una reforma, el tema debe reenfocarse abandonando el afán refundacional que caracteriza al proyecto en curso tanto en términos del destino de la cotización adicional del 6 por ciento como de la organización de la industria previsional.
A pesar de haber un reconocimiento tácito de parte de las autoridades Fn cuanto a que no se insistiría con la modalidad de las cuentas nocionales (que no reconocen la propiedad individual de los fondos, y que constituyen derechamente un impuesto al trabajo), persiste la idea de destinar buena parte del 6 por ciento al financiamiento de la solidaridad previsional más que destinarlas a cuentas individuales, y en algunos círculos políticos ya se plantea la solución “salomónica” del 3+3, que fue lo que aprobó la Cámara en el marco de la tramitación del proyecto presentado durante el gobierno anterior. Pero hay que tener en cuenta que en ese momento no existía la PGU, la cual está permitiendo mejorar la situación previsional (tasa de reemplazo) de la mayoría, de manera que la necesidad de financiar beneficios solidarios a través de la cotización adicional es ahora de menor cuantía que lo inicialmente estimado, y en definitiva ello va a depender de cuánto más se quiera avanzar por esta vía. Habiendo buenas razones para sostener el argumento de que es más eficiente y equitativo financiar la solidaridad previsional con rentas generales del Fisco, en el contexto de una negociación política será necesario buscar una fórmula que permita mejorar ahora las pensiones de la clase media pero a través de un mecanismo que sea sostenible en el tiempo, como podría ser el caso de un seguro de longevidad financiado con parte de la cotización adicional.
Y en lo que respecta a la organización de la industria, no habiendo piso político para aprobar el establecimiento de un monopolio estatal en la administración de cuentas ni tampoco un esquema de administradores de inversiones que le otorga por ley una ventaja al operador estatal, definitivamente la mejor opción parece ser la de crear una AFP estatal que compita en igualdad de condiciones con los actores privados. Esto, en un contexto que introduzca cambios regulatorios en la industria que permitan efectivamente lograr una mayor competencia. Pero, claro, todo esto supone que existirá voluntad en el gobierno para superar la barrera ideológica refundacional que subyace a la idea de derogar el DL Nº 3.500.
Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad, U. del Desarrollo
