Columna de Hernán Larraín F.: Nombramientos judiciales, hora de resolver

Es de lamentar que, nuevamente, el tema de los nombramientos judiciales cope los titulares de la prensa por otra filtración y no porque se haya aprobado un sistema de designaciones que evite los graves problemas existentes.

La publicación de chats referida a una conversación entre el abogado Luis Hermosilla y la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj, puso en el centro del debate una supuesta intervención en su designación, así como un sorprendente intercambio de información en diversos juicios. El conocimiento de estas conductas ha recibido -con razón- reprobación unánime, y se deberá investigar y sancionar si se acreditan judicialmente los hechos. Pero debemos distinguir y precisar algunos aspectos.

En lo que concierne al caso aludido, siendo entonces ministro de Justicia y habiendo participado en su elección por el Presidente Sebastián Piñera de la terna propuesta, quiero señalar en forma enfática que dicha opción (acertada o equivocada) fue el resultado de un análisis serio sustentado en el mérito de los postulantes, sin injerencia externa. Por eso, duele que una mención en redes sociales, sin más, sirva para condenarla. La verdad, debo reconocerlo, la causa no está en la eventual ligereza de quienes así opinan, sino en la raíz de un sistema discrecional, opaco y sin fundamentos, que abre espacio a la sospecha por esa sola circunstancia y también por la existencia de situaciones donde se han producido intromisiones indebidas.

Por eso es que recién iniciado el gobierno del Presidente Piñera (II), en 2018, luego de analizar esta materia, el Mandatario me encomendó preparar una iniciativa de nombramientos que fuera objetiva, transparente, meritocrática y fundada. Se presentó en abril de 2021 (postergado por la pandemia), sin que el Congreso la tramitara a pesar de tener siempre “urgencia”.

Luego, como miembro de la Comisión Experta en el 2° proceso constitucional, junto a otros comisionados desarrollamos un diseño de gobierno judicial que incorporaba un sistema de nominaciones a través de un órgano autónomo, que fue aprobado en forma transversal. El rechazo al texto emanado de esta instancia canceló la idea.

La discusión ha seguido por canales académicos (desde nuestro Programa de Reformas a la Justicia UC impulsamos un proyecto en línea con el de los expertos), y ante la presión originada por el “caso audios”, el gobierno propuso un texto legal que reforma el mecanismo. Este recoge los trabajos anteriores y promueve órganos autónomos para realizar las tareas no jurisdiccionales, creando uno para los nombramientos. Está bien encaminado, salvo en un aspecto medular: si bien termina con la elaboración de ternas por las cortes, eliminando una fuente de interferencia, mantiene la decisión final en el Presidente de la República, lo que significa preservar la discrecionalidad que se cuestiona (p. ej. en el caso “Sabaj”). Eso se debe cambiar sí o sí, para que ese organismo resuelva de un modo autónomo, sin participación de tribunales ni autoridades políticas. Si se quiere avanzar hacia un sistema que dé confianza pública y fortalezca la independencia judicial, esta condición es sine qua non.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario