Columna de Hernán Larraín F.: Pensiones, un acuerdo que se debe honrar

Luego de años de dimes y diretes, gobierno y oposición lograron acuerdo en materia de pensiones. Y como era de esperar, éste no satisfizo a sectores de ambos lados del espectro pues, estiman, solo es válido lo que “yo” pienso y ceder es sinónimo de debilidad o entreguismo.

Esa actitud me hizo recordar el último proceso constitucional, como miembro de la Comisión Experta, donde logramos consensuar una inmensa variedad de materias. Sin embargo, al pasar la decisión al Consejo Constitucional, se introdujeron cambios duros que hicieron que la minoría de ese organismo no los aceptara. Peor, gatilló el rechazo ciudadano.

Fue lamentable. De haberse aprobado algo como el texto de los expertos, hoy no tendríamos el dilema de tener que ir por la reforma del Estado, ni la urgencia de cambiar el régimen político o modernizar la Justicia: pudo más la tentación fundamentalista.

Asimismo, he advertido quejas respecto de este pacto que reproducen ambigüedades y recelos. Se esgrime que pasar del 10% al 16% (+1) de cotizaciones significará un costo para la economía y el empleo. Eso se entiende, pero se olvida decir que el proceso será gradual y que al mismo tiempo parte sustantiva de la mayor cotización será ahorro, esto es inversión procrecimiento. Más importante aún: ¿alguien cree que no se debería efectuar este aumento de aportes? ¿Existe otra alternativa a su financiamiento que no sea el alza de cotizaciones?

Se cuestiona el préstamo de 1,5 puntos del incremento, para apoyar las actuales bajas pensiones. Es cierto que cuesta entenderlo, pero poquito. Al final del día, esa cotización forma parte de la cuenta personal del trabajador desde el primer día, es de su propiedad y heredable. Entonces se sospecha del Estado: no va a cumplir. Pero, ¿por qué? El Fisco ha pagado rigurosamente el bono de reconocimiento establecido hace décadas.

He visto quejas referidas a que el Estado, vía Instituto de Previsión Social y otras atribuciones, tendrá mayor injerencia regulatoria en el ámbito previsional. Es posible que algo de eso exista, pero olvidan que el sistema -al final- es uno de capitalización individual, con libre elección entre administradoras (privadas) y con incentivos para una mayor competencia.

En fin, hay muchas críticas que se repiten sin motivos y escasa información. Lo cual no significa que no haya aspectos que cabe revisar y corregir y, especialmente, como ha dicho Evelyn Matthei, se debe asegurar su sostenibilidad fiscal. Ese es el camino a seguir, colaborar en perfeccionar el acuerdo, no derribarlo porque no recoge lo que “yo” quiero, como algunos procuraron en el aludido proceso constitucional logrando que fracasara. ¿Serán los mismos?

Es tiempo de aprender que en democracia se debe convivir con la diversidad, buscando convergencias que no constituyen una señal de cobardía sino más bien prueba de integridad y compromiso con la gente.

Lo que se requiere ahora es honrar el acuerdo con unidad, sin perjuicio del derecho parlamentario a mejorarlo. Actúa de mala fe quien anuncia desde ya futuras reformas para insistir en aquello que no logró incluir en este acuerdo. Eso rompería las confianzas y dificultaría gravemente convenir en otros ámbitos, cuestión que la ciudadanía exige con urgencia.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario