Columna de Hernán Larraín: La pasividad del bobo

El publicitado caso “Audios” ha producido una manifiesta conmoción y levantado un duro cuestionamiento a sus protagonistas, a la justicia y a los abogados en general.

Un estudio del Colegio de Abogados de julio pasado señala que un 74% de los consultados (abogados colegiados) afirma que su ética profesional está en crisis. Los propios abogados confirman lo que recoge la prensa y trasmite la calle. También lo hace Cadem, DataInfluye y Pulso Ciudadano en estos días, cuyos análisis ratifican la desconfianza en nuestra justicia.

La reprobación de los abogados no es nueva, a pesar de que la mayoría de ellos desempeña con honestidad y nobleza su profesión. Los critican las personas de a pie, forzadas a acudir a un abogado porque desconfían de su gestión o cuando necesitan una autorización ante notario, ministro de fe pública y colega, quien con frecuencia autoriza sin cumplir ese mandato que dice “firmó ante mí”, pero que cobra como si lo hubiera hecho. Lo perciben también las víctimas de un delito que se enteran que su causa (como el 50%) ha sido archivada sin haberse efectuado ni un solo trámite ni recibir explicación alguna, mientras los victimarios poseen una robusta defensa pública. O cuando enfrentan un juicio cuyo alto costo y excesiva demora generan la sensación de indefensión.

En este clima adverso, el caso “Audios” amplifica pues un malestar existente. Más allá de las eventuales responsabilidades penales que solo los tribunales pueden determinar (por lo que resulta irresponsable opinar del fondo del asunto), lo que este episodio deja en la retina es el tráfico de influencias y abuso de poder que expresan los participantes en dicho audio y a confesión de parte, relevo de pruebas. Sus palabras hacen pensar que lo que afirman es verdadero y que así actúan quienes ejercen la profesión, situación que es probable se vea agravada con la publicación de los chats de uno de los abogados del caso, abriendo interminables cuitas y aflicciones que alimentarán el tiempo libre.

Aparte de aplicar con rigor la ley en el caso, se sabe lo que hay que hacer hace rato. Por ejemplo, fortalecer la formación moral de los estudiantes de derecho; asegurar que el gremio fiscalice efectivamente las conductas impropias de sus miembros; incorporar nuevas medidas preventivas anticorrupción en los servicios públicos. Asimismo, impulsar reformas en la judicatura y el gobierno judicial, especialmente en los sistemas de nombramientos de jueces, fiscales y notarios; y favorecer la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias (como la mediación), que hagan posible un acceso real a la justicia.

¿Por qué no se avanza? Respuesta conocida: por la crisis del régimen político que inhibe el funcionamiento eficaz del Ejecutivo y del Congreso Nacional.

La depresión cobra espacio y resulta estremecedor contemplar cómo pasa el tiempo y todo sigue igual. No vaya a ocurrir que en el futuro se sostenga que los líderes sensatos de todo el espectro permanecieron impasibles ante la desintegración institucional, con la pasividad del bobo, permitiendo germinar populismos y extremismos de izquierda y derecha que lo pulverizaron.

Por Hernán Larraín F. abogado y profesor universitario