Columna de Hernán Larraín: Megatoma, ícono del fracaso del Estado

Con argumentos, destacados expertos han señalado su preocupación por la señal jurídica que deja la megatoma en San Antonio, donde se suspendió la aplicación de una sentencia que ordenaba el desalojo merced a un acuerdo entre sus propietarios y el gobierno, responsable de cumplir la orden judicial.

Comparto la gravedad de este hecho: impedir el ejercicio de la facultad de imperio de los tribunales lesiona el estado de derecho, base esencial de nuestra convivencia. Ello es de suyo perjudicial, pero mirado el caso en forma más global, es aún peor y epítome de lo que pasa con nuestra institucionalidad.

La toma empieza el 2019 por familias que fueron ocupando las 254 hectáreas del predio (más que el centro de Santiago). Lo urbanizaron con calles y pasajes, sin alcantarillas ni agua potable, se conectaron ilegalmente a la red de energía, formaron una junta de vecinos. Empezaron a negociar con los dueños quienes, al parecer, veían una oportunidad para vender terrenos. La entonces alcaldesa de la comuna, Constanza Lizana, defenderá públicamente la toma. Los servicios dependientes del Ministerio de Vivienda no intervendrán hasta que la toma entra al Registro Nacional de Campamentos, en marzo de 2022. Los propietarios inician acciones legales en enero de 2023 y finalmente, en marzo de 2024, la Corte Suprema dicta orden de desalojo para dentro de los 6 meses siguientes, plazo que luego extendió al 27 de febrero de 2025, posibilitando el acuerdo mencionado.

¿Saldo? Una toma que alberga a 4.722 familias y más de 12 mil personas (un 30% niños), que reclaman su derecho a una vivienda digna y exigen al Estado concretarlo. La acción estatal tardía convierte al desalojo en un despojo inhumano, impidiendo toda acción.

Este breve relato da cuenta que los hechos sociales espontáneos y masivos, de no ser encauzados legal y oportunamente, se vuelven una suerte de “derecho” y no es prudente ni posible alterar una realidad de esa magnitud.

¿Por qué ocurre esto? Por ausencia del Estado. Ocurrida la usurpación, nadie hizo nada, quedando todo al arbitrio de los particulares, quienes buscaron entendimientos directos para zanjar el problema. Las autoridades no intervinieron. La edil se manifestó a favor del ilícito. El Ministerio registró el campamento, pero no otorgó soluciones habitacionales. Los tribunales cuando fueron requeridos, actuaron, pero se demoraron lo suficiente para que la toma creciera. Cuando finalmente dictaminaron, la autoridad encargada de su ejecución (“sin más trámite” según la Constitución) lo evitará vía acuerdo con los privados ante la tragedia que ocasionaría un desalojo, paralizando el fallo. Todo queda en nada.

Sin política habitacional efectiva ni Estado proactivo en buscar salidas y cumplir sus obligaciones con los pobladores, muchos proceden por las vías de hecho. Y los organismos públicos creados para hacer respetar los derechos (de propiedad) de las personas, con la complicidad de las autoridades, no funcionan.

Aquí no hubo Estado, solo vaciamiento institucional.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario