Columna de Hernán Larraín: Reforma a los notarios, una opción perdida

Luego de seis años y medio de tramitación, el proyecto de ley que intenta reformar de modo radical el régimen registral chileno ingresó a la Comisión Mixta del Congreso Nacional para su aprobación final. Las dificultades de tiempo y costo para las personas y el estorbo a los procesos de funcionamiento de la economía lo exigían hace décadas. Algo raro ocurría con las numerosas iniciativas que se presentaban pues, curiosamente, todas terminaban en algún archivo polvoriento.

Esta última, presentada por el Presidente Piñera, logró avanzar, aunque lentamente y con muchos obstáculos. El objetivo era transformar al notariado en un servicio accesible, moderno, fluido, tecnológico, transparente, con titulares nominados en forma imparcial y meritocrática, fiscalizados con rigor. Quizás fue ingenuo pensar que sería posible. Muy luego advertimos que por cada paso que se daba, una nueva poda sufría su contenido.

Hubo varias muy dolorosas. La primera, el rechazo a abrir nuevas alternativas para autentificar actuaciones de un modo cercano y expedito, autorizando a otras personas para ello: se creaban los fedatarios, públicos (oficiales del registro civil y secretarios municipales) y privados, con las mismas exigencias que los notarios. Era esencial elevar la oferta para servir bien a la gente. Dijeron que no.

En seguida, el cambio de la regla de nombramientos por una objetiva, que evite el amiguismo o las influencias indebidas fue acogida solo parcialmente ya que, si bien se crea un mecanismo ecuánime para elaborar las ternas, vía Alta Dirección Pública, subsiste la designación final por el Ejecutivo, lo que deja espacio para la subjetividad y la interferencia. Finalmente, se creaba un nuevo sistema de registro digital de la propiedad (el Folio Real), de poderes y de consultas, que habría generado un notorio impulso a la modernización tecnológica, también descartado.

El gremio se opuso tenazmente a perder el monopolio de su actividad y a modificaciones como las mencionadas. Respetando el derecho a defender sus intereses, el legislador no puede perder el foco: notarios y conservadores son funcionarios públicos encargados de otorgar certeza a los actos y documentos como un servicio, no como un negocio privado donde se prioriza la tranquilidad de los ministros de fe. Confieren seguridad jurídica, es cierto, aunque a un precio altísimo sufragado por los usuarios, en circunstancias que se puede garantizar ese irrenunciable propósito aliviando el bolsillo ciudadano.

La Comisión Mixta aún puede corregir algo, los nombramientos, estableciendo una Comisión Resolutiva que efectúe las designaciones (aprobada por la Cámara), impidiendo la decisión política que propone el Senado.

También si se despachara la norma en trámite (desde 2012) que perfecciona la firma electrónica y su certificación, se podrían simplificar los procedimientos, mas yace paralizada ¿por igual lógica?

Se podrá decir que hay avances y habrá razones. Pero hay que ser claros: esta no es la reforma que Chile esperaba, aunque satisfaga al notariado, pues equivale a calmar la sed con un dedal. Otra oportunidad malograda.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario