Columna de Hugo Sánchez: “Nueva Ley de Insolvencia: Un gran cambio para MIPEs y personas”

Toda Ley tiene su propio corazón, un conjunto de beneficios de alto impacto con foco en un grupo amplio de usuarios, habitualmente en desventaja, carentes de recursos o posibilidades. En Chile las MiPymes son el 98,6% de las empresas del país y concentran el 65,3% de los empleos formales y contribuyen solo un 17% del PIB, lo que las deja en condiciones adversas en cuanto a su solvencia en relación a empresas de mayor tamaño, que además cuentan con la asesoría permanente de equipos en materias legales, financieras y concursales. Si lo vemos desde este prisma, la nueva Ley de Insolvencia representa un gran avance para un grupo amplio de deudores, creando procedimientos simplificados para empresas de menor tamaño y personas naturales.

Es así como las empresas MIPEs contarán a partir de este 11 de agosto con su propio procedimiento de reorganización que asegurará la posibilidad de mantener el empleo, así como las cadenas productivas, evitando arrastrar a proveedores -mayoritariamente micro y pequeñas empresas-, también a la quiebra; contará con plazos de protección financiera más extendidos que los existentes, con menores costos de entrada por la eliminación del certificado de deuda de un auditor externo y la reducción de los honorarios del veedor, vía la creación de una nueva categoría especializada en reorganizaciones de menor tamaño, más sencillas en cuanto a cantidad y tipo de activos y pasivos.

A su vez, tanto MIPEs como personas tendrán una nueva liquidación simplificada, en la cual no será una exigencia celebrar las audiencias y juntas que habitualmente no se realizan por falta de interés de acreedores en participar en procedimientos con bienes escasos, procedimiento que debiera durar a lo sumo ocho meses, en lugar de dos años promedio bajo la actual Ley. Además, se moderniza vía la utilización de medios digitales en actuaciones como la enajenación e incautación, que antes requerían de la presencia de liquidadores en regiones, lo que redundaba en altos gastos de administración del procedimiento. Y las audiencias y juntas serán telemáticas tanto para las liquidaciones simplificadas como para las de grandes y medianas empresas.

Por otro lado, la nueva ley redefine el concepto de empresa, eliminando de esta a las personas que han emitido boletas de honorarios dentro de los veinticuatro meses antes de la solicitud. Por ende, estas personas que hoy representan un 40% de las liquidaciones de empresas y un 18% de las reorganizaciones, podrán renegociar de manera gratuita en la Superintendencia.

Otros beneficios importantes en la renegociación de personada deudora son la ampliación de los plazos para suspender audiencias, aumentando con esto la posibilidad de lograr acuerdo en ellas; también el plan de reembolso que le permite a los deudores que llegan a la ejecución puedan lograr acuerdo sin tener que irse a una liquidación refleja y la posibilidad de por una vez presentar un nuevo plan de reorganización dentro de los cinco años

Finalmente, para grandes empresas también la reorganización experimentó mejoras, como el aumento del periodo de protección financiera concursal y la reducción de quorum del 50% al 30% para que la junta de acreedores pueda autorizar el financiamiento por sobre el 20% del pasivo total o la venta de activos por sobre el 20% del activo fijo neto.

En definitiva, a contar de este 11 de agosto contaremos con una Ley de Insolvencia mucho más ciudadana.

- El autor es superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento