La muerte de tres personas enfrentadas por una toma de terreno en Teodoro Schmidt revivió el debate parlamentario sobre la necesidad de actualizar la ley en materia de usurpaciones. Si bien la legislación actual es antigua y poco atingente al creciente número de tenencias ilegales de suelo, todo parece indicar que el problema trasciende a la legislación, pues también se requiere de voluntad política para cambiar estas tendencias, incluso si las medidas son complejas o incómodas para los tomadores de decisión.
Si solo consideramos el marco jurídico, los castigos a la usurpación de terrenos son insuficientes y de lenta tramitación. Y es que, además de que el desalojo de una toma puede necesitar años para ser declarada cuando no existe flagrancia, los castigos monetarios son bajos –rondan las diez o veinte unidades tributarias mensuales, según exista violencia o no. Esto permite explicar, al menos en parte, la existencia de mercados negros donde un terreno y una casa tomados pueden venderse hasta en dos y diez millones, respectivamente, montos que son superiores a las multas mencionadas.
A pesar de que lo anterior justifica la necesidad de una nueva legislación, lo cierto es que hoy existen herramientas que están siendo subutilizadas. En consecuencia, las autoridades enfrentan la paradoja entre legislar para dotar de mayores atribuciones a las policías y tribunales mientras en la práctica se debate sobre si éstas realmente se utilizan. De hecho, según la percepción de expertos encuestados por el Lincoln Institute of Land Policy, el control de la informalidad es bajo a lo largo del continente, siendo Chile uno de los menos activos en la materia.
Un ejemplo lo vemos en el revuelo que han generado las demoliciones ordenadas por el alcalde Carter en la lucha contra el narcotráfico. A pesar de que demoler viviendas por temas de seguridad o ilegalidad está bajo el amparo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su aplicación es marginal. Sin ir más lejos, el propio gobernador Orrego ha dicho públicamente que el desalojo de los más de 10 mil habitantes en la toma de Cerrillos “sería una batalla campal que dejaría muertos”. Por lo tanto, y más allá de la inconsistencia discursiva de no enfrentar el problema con las herramientas disponibles, la incomodidad de las autoridades ante el uso legítimo de la fuerza nos muestra que una nueva ley no necesariamente tendrá los efectos esperados.
Las muertes en Teodoro Schmidt, así como también la de Alejandro Correa -que trataba de recuperar su patrimonio familiar en Quilpué-, parecen indicarnos que no es necesario llegar al punto de enfrentar a 10 mil habitantes para que las vidas humanas se vean afectadas, sino que basta el sentimiento de impunidad por la inacción de las autoridades para que las usurpaciones y la violencia escalen abruptamente como lo hemos visto.
En síntesis, si bien es positivo el interés por generar cambios legales, si no hay voluntad política para tomar decisiones a tiempo que impliquen el uso de la fuerza legítima, entonces las víctimas de las usurpaciones probablemente se aburrirán de esperar y tratarán de hacer justicia de propia mano. Y es que muchos de nuestros inconvenientes actuales radican en permitir la violencia como un mecanismo válido dentro de nuestra sociedad, lo cual no sólo percola en nuestros espacios públicos, sino también en las vidas de personas que buscan defender el trabajo de sus vidas.
Por Ignacio Aravena, investigador asociado, Fundación Piensa. Ph.D (c) LSE y Ms. NYU.
