Columna de Ignacio Briones: Camioneros: la punta del iceberg

Dicen que en Chile somos buenos para los eufemismos. Tal vez por eso llamamos “paro” al bloqueo ilegal de rutas por parte de camioneros. No es un detalle. Parar es un medio legítimo. Bloquear rutas no. El no hacer esta distinción es sintomático de un problema de fondo que se arrastra por años y del cual los camioneros son solo una expresión más: la confusión entre legitimidad de fines y de medios. Hay también un problema de doble estándar cuando la condena a los medios ilegítimos parece depender de la simpatía política que se tenga sobre los actores o sus causas.

Cada vez que se aproxima el vencimiento del privilegio de reintegro de hasta 80% del impuesto específico al diésel del que gozan los camioneros, emerge la amenaza de bloqueo de rutas. Esta vez, la amenaza pasó a la acción, coartando derechos y libertades de terceros, con los consiguientes costos económicos y sociales. Un chantaje inaceptable.

Si bien cabe felicitar al gobierno por aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, no es menos cierto que los transportistas obtuvieron de éste las granjerías que buscaban: congelamiento del precio del diésel por 4 meses y limitación de alzas después, a un costo fiscal que, según Clapes UC, podría llegar a US$ 800 millones. A ello se suma la extensión del reintegro del diésel por un año, lo que equivale a un bono promedio de $3 millones por beneficiario. Vaya premio por parar el país.

Es cierto que los transportistas también reclamaban, y con razón, que el Estado cumpla uno de sus deberes centrales: garantizar la seguridad. Resguardar el Estado de derecho. Pero no deja de ser paradójico que, para clamar por Estado de derecho, se atente contra éste a través del bloqueo ilegal de rutas.

Y aquí radica el problema central: por legítimas que parezcan las demandas de un grupo, ello no legitima cualquier medio. Si así fuera, cada cual, so pretexto de lo justo de sus causas, simplemente pasaría por arriba del resto. Esto llevaría el caos Hobbesiano y al fin del Estado de derecho.

Esta distinción que debiera ser una obviedad, al parecer no lo es. Lo de los camioneros es apenas la punta del iceberg de un problema más profundo y de larga data. Son diversos los casos que se acumulan y en los que se validan medios ilegítimos escudados en la bondad de las causas que se enarbolan.

Ahí están años de tomas de establecimientos educacionales que conculcan derechos del resto (desde ya a la educación). Algunos aducen su legitimidad democrática y las celebran al haber sido decididas por una cierta mayoría grupal (solo de estudiantes). Paupérrima comprensión de la democracia, como si ésta fuera sinónimo de asambleísmo o de que una simple mayoría puede pasar por arriba de los derechos de la minoría. Es lo contrario.

Ahí están también los violentos paros portuarios en años recientes. O las usurpaciones de predios en la Araucanía (ni hablar de la violencia) al alero de la demanda por restitución de tierras. O la evasión del metro, ocupación de andenes e interrupción del servicio por parte de estudiantes. Y ni hablar del patético “el que baila pasa”. La lista es larga.

Todas estas situaciones son conceptualmente equivalentes al bloqueo de los camioneros: causas particulares enarboladas a través de medios ilegítimos. Siendo así, uno esperaría el mismo celo para condenar todos los casos. Lamentablemente no siempre es así.

Y esto lleva a un segundo problema: una crítica acomodaticia a la simpatía política que se tenga de los actores o sus causas. A modo de ejemplo, mientras una cierta izquierda hoy correctamente condena el bloqueo de rutas, ayer simpatizaba con las tomas de recintos educacionales y era silente respecto a otras tomas. En el otro extremo político, una cierta derecha censura este tipo de tomas, pero simpatiza con el actuar de los camioneros. Y ambos polos invocan la misma errada justificación: que las reivindicaciones serían justas. Parece ser cierto eso de que los extremos se juntan.

Lo concreto es que no puede haber doble estándar. Velar por el Estado de derecho requiere una sola mano firme. Siempre. La lógica acomodaticia según la simpatía política solo puede hacerse al costo de que esa mano firme devenga en una mano laxa. Al costo de que la posibilidad de hacer valer el Estado de derecho se esfume y que la democracia se resienta.