Columna de Ignacio Briones: ¿Modernizar el Estado?

La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí: necesitamos urgentemente un Estado moderno, centrado en los ciudadanos, meritocrático y que se adapte a necesidades cambiantes. Luego de años de participar en distintas comisiones, de conocer experiencias exitosas como la de Nueva Zelanda y, como ministro, de haber impulsado una serie de iniciativas, llego a una conclusión obvia: si usted no puede gestionar personas y equipos, usted no puede gestionar nada. Sin eso, olvídese de la orientación ciudadana o de un Estado más eficiente. Por eso la madre del cordero de la modernización del Estado reside ahí, en su recurso más valioso: su gente. ¿El problema central? Un empleo público al alero de un anacrónico y rígido marco legal. Una verdadera camisa de fuerza. El texto constitucional presentado por los expertos ofrece una oportunidad única de cambiar esto.

El empleo público se rige por un Estatuto Administrativo (1989) emanado semanas antes del retorno a la democracia y que, entre otras cosas, blindó al personal de planta. Se trata de un marco rígido, con escasos incentivos a la movilidad horizontal, a la selección y progresión por mérito, así como con una inamovilidad funcionaria que la justicia y la Contraloría han extendido, de facto, a los trabajadores a contrata y honorarios. Todo esto deriva en una estructura de incentivos perniciosa para la planificación estratégica, la gestión y para lo más importante: un Estado al servicio del ciudadano. Una camisa de fuerza, férreamente defendida por la ANEF, pese a ser uno de los últimos resabios de la dictadura. Vaya ironía.

Nos sorprendemos del continuo aumento del empleo público. Pero, dada esta camisa de fuerza, lo sorprendente sería que fuera al revés. Si usted no puede cambiar personas en su equipo cuando requiere otras competencias, se sigue que, cada vez que se contrata a alguien, la cantidad de empleados solo crece. La camisa de fuerza también impacta los programas. Uno quisiera cerrar programas ineficientes y liberar recursos hacia otras prioridades. Pero hay un problema: ¿Si usted cierra un programa, pero no puede remover a nadie y debe seguir pagando los sueldos, cuantos recursos realmente libera?

La incapacidad de gestionar recursos humanos induce, además, a hacernos trampa en el solitario. Así, una idea atractiva como los Programas de Mejoramiento de Gestión que pagan bonos por desempeño, se desvirtuó por completo como lo revela un cumplimiento promedio mayor al 98%. Algo similar sucede con las evaluaciones individuales, con un 97% calificado en el nivel máximo (2010). ¿Qué diría usted si el promedio de notas del colegio de su hijo fuera 6,9?

Por su rol regulatorio y fiscalizador, un Estado moderno es fundamental para la productividad y el crecimiento económico. Y en lo social, porque la mayoría de los chilenos solo tienen al Estado para acceder a una serie de prestaciones esenciales. Es deber del Estado estar al servicio de ellos y no al revés. Y aquí la percepción ciudadana es mala. Una encuesta del Consejo para la Transparencia mostró que el 76% de los chilenos se sienten maltratados por el Estado y un 71%, discriminados. Evidencia en línea con la de la publicación “Desiguales” del PNUD (2017) que aborda la desigualdad de trato y muestra que la principal percepción de malos tratos se asocia con los funcionarios públicos. Por eso, al hablar de abusos, no podemos soslayar el del Estado.

En el gobierno del Presidente Piñera elaboramos una propuesta de modernización del empleo público enviada al Congreso al final del periodo. Esta se basaba en el mérito (selección y carrera), en la movilidad horizontal, la reducción de los cargos de confianza política, un sistema de evaluación en serio y un nuevo contrato indefinido con indemnización por despido. Ello precedido de una inédita consulta pública, con amplísimo apoyo a estos lineamientos y en la que participaron casi 60 mil personas (42%, ciudadanos y 58%, funcionarios). La iniciativa, era que no, tuvo la automática oposición de las cúpulas gremiales.

Sería valioso que el actual gobierno retomara este proyecto. Pero es poco probable. ¿La razón? Lo que inhibe a todo gobierno: evitar el costo de corto plazo, incluyendo el pavor a las movilizaciones. Cual rehenes de los gremios, esta es la razón última de por qué llevamos años esquivando el bulto.

La buena noticia es que el borrador constitucional aprobado por los expertos ofrece una gran oportunidad de avanzar. Poniendo el foco en un Estado al servicio de las personas, en el mérito y en la calidad del servicio, mandata a ingresar al Congreso, en un máximo de dos años, un nuevo régimen de empleo público para futuras contrataciones. Sin duda, un paso fundamental. Y es que, sin poder gestionar recursos humanos, vayámonos olvidando de un Estado eficiente y ciudadano.