Columna de Ignacio Cienfuegos: La esperada agencia de evaluación de política pública

El Presidente Gabriel Boric, en cadena nacional, anunció los principales ejes de lo que sería un pacto fiscal denominado “para el desarrollo y el bienestar de Chile”. Dicho pacto fiscal propuesto por el gobierno contempla un conjunto de medidas dentro de los cuales aparece el de “reformas que fortalezcan la transparencia, la eficiencia y la calidad de la entrega de servicios que ofrece el Estado”.

Si bien aún no tenemos los detalles, se habla de la creación de una “agencia para la calidad de las políticas públicas”. Más allá de la discusión eminentemente política (y por supuesto legítima), en cuanto a la necesidad o no de una mayor recaudación fiscal en nuestro país, los mecanismos adecuados para dicho objetivo, así como la viabilidad política de un pacto como el anunciado, la creación de una agencia de este tipo es una medida largamente esperada y muchas veces anunciada, que debiera concitar el apoyo de -al menos- los técnicos y expertos de las más distintas afiliaciones y sensibilidades.

Las políticas públicas son, entre otras cosas, “hipótesis” sobre cómo resolver ciertos problemas públicos. Es decir, se trataría de intervenciones estales diseñadas para impactar positivamente en alguna realidad social que se quiere cambiar. Por ejemplo, el programa “Vida sana y obesidad” tiene como objetivo controlar la mal nutrición en la población con factores de riesgo en nuestro país, a propósito de que estamos dentro los países con mayores niveles de obesidad y sobrepeso de la OCDE. A nivel subnacional, por otra parte, el “Programa gestión de calidad de los servicios municipales”, que impulsa la Subsecretaría de Desarrollo Regional, apuntaría a mejorar los servicios que entregan los gobiernos locales en Chile, considerando la percepción negativa sobre la gestión municipal por parte de los ciudadanos (Centro UC de políticas Públicas). Una mínima racionalidad indicaría, entonces, que habría que intentar comprobar empíricamente esas hipótesis, es decir, evaluar si estos y otros muchos programas públicos en Chile han generado en la realidad algún impacto en los problemas que pretenden resolver.

La evaluación de políticas públicas permite hacer aquello a través de métodos de investigación sistemática; se evalúan la configuración de un programa o política determinada, su implementación y efectividad. A evaluaciones negativas de una política pública, se esperaría algún cambio, modificaciones en su diseño o derechamente su término; así como a evaluaciones positivas, la política debiera continuar su implementación e incluso considerarse la inyección de más recursos o mayor cobertura en su aplicación (el denominado “escalamiento”).

¿El Estado de Chile evalúa políticas públicas? La respuesta es sí. Desde casi ya 30 años que se estableció un Programa de evaluación de programas en la Dirección de Presupuestos (Dipres). Partió con evaluaciones de “juicio de expertos”, a través de paneles integrados por funcionarios públicos y profesionales externos, y a partir de 1998 se realizan solo con profesionales externos (registros de consultores). En 2001 se incorporó la modalidad de evaluación de impacto, sofisticado método cuasi experimental que es desarrollado por consultores externos seleccionados mediante licitación pública.

¿Cuál es el problema entonces? Como han observado investigaciones de diversos cientistas sociales (por ejemplo, en los múltiples trabajos de Olavarría y Figueroa Huencho), el principal problema radica en que, si bien en Chile se hacen evaluaciones de política pública, el resultado de dichas evaluaciones no necesariamente determina que un programa público continue o se termine. Es decir, hay un problema con la “usabilidad” de dicha información, no siendo vinculante estos resultados de evaluación de políticas con la toma decisiones de nuestros gobernantes. De esta manera, programas continúan funcionando pese a ser mal evaluados, así como otros son descontinuados por un determinado gobierno, únicamente por sesgo político. Como ejemplo de aquello podemos mencionar (aunque de ambos lados) a los Liceos Bicentenario que el actual gobierno pretende suspender y sobre los cuales habría evidencia más bien positiva de su funcionamiento (Araya y Dussaillant, 2019).

Por eso, una agencia de evaluación de política pública es una buena noticia, pudiendo aportar evidencia científica a la toma de decisiones acerca de los rendimientos de una intervención estatal, limitando la discrecionalidad del gobierno de turno en cuanto a mantener un programa solo por racionalidad política (programas asistencialistas muy populares) o terminar otros, solo por porque venían de un gobierno de otro color político. Pero para que esa Agencia cumpla ese propósito debe tener ciertos grados de autonomía y reglas estrictas que hagan vinculante a las evaluaciones que de ella emanen. De esta manera y mirando la experiencia internacional, para que una institución de este tipo contribuya a un modelo de decisión racional en el Estado, se requiere que se diseñe como un órgano independiente del poder ejecutivo y con criterios de gobernanza asociados, por ejemplo, a lo que es nuestro Banco Central (figura de un organismo colegiado, con integración plural en el origen de los nombramientos de sus integrantes y con probada capacidad técnica). Solo así podremos lograr que las evaluaciones tengan efecto en la decisión de política pública, procurando una mayor eficiencia en la asignación de los recursos públicos, así como una mayor transparencia sobre la efectividad y la eficiencia del sector público, contribuyendo además fortalecer la confianza entre los ciudadanos y el Estado.

Por Ignacio Cienfuegos, académico e investigador de la Universidad Alberto Hurtado