El año 2016, a través de una ley, se crearon en cada una de las regiones del país 15 Centros de Formación Técnica (CFT). En los discursos de presentación de la iniciativa, se afirmaba que esta era una señal potente para fortalecer el rol de la educación pública, dando un paso en la equidad y calidad de la educación. La ley estableció un proceso de supervigilancia no vinculante por parte del Consejo Nacional de Educación (CNED) y un acompañamiento de universidades estatales que actuarían como tutoras, apoyando el desarrollo de capacidades académicas y administrativas.
Durante estos años de funcionamiento, más allá de las dificultades propias asociadas a su funcionamiento inicial, se ha constatado que algunos CFT preexistentes, creados por universidades estatales regionales, se han cerrado y han traspasado improvisadamente sus estudiantes a estos nuevos CFT estatales. También se advierte un desconocimiento de los procesos de generación de carreras, sus mecanismos internos de apertura y cierre de las mismas, con una creación inorgánica de carreras y sedes. En pocas palabras, en el caso de estos nuevos CFT, que ya cuentan con más de 8.000 estudiantes, se trata de una promesa formativa por cumplir.
Más aún, dado que estos CFT fueron creados por ley, quedaron exentos del proceso de licenciamiento que significa una fase de supervisión vinculante. Por lo tanto, la autonomía institucional la obtienen por la mera aprobación de la ley y, por lo tanto, son susceptibles de acogerse inmediatamente a la gratuidad en educación superior, beneficio que no está disponible para CFT privados que no han culminado este procedimiento.
En estos días se tramita en el Congreso una ley Miscelánea de Educación, que permitiría prorrogar el plazo para presentarse al proceso de acreditación por parte de estos CFT estatales. Sin desmerecer, el trato preferencial que han tenido estas instituciones por parte de la institucionalidad pública, lo que está en juego es la calidad del proceso formativo de sus estudiantes. En este sentido, más allá de prolongar la situación actual con un bajo nivel de conocimientos sobre la bondad del proceso formativo de estos estudiantes, convendría, por el contrario, mejorar los procesos de rendición de cuentas, dotar de competencias vinculantes a órganos autónomos para asegurar la calidad de la enseñanza que entregan estos CFT, y evaluar el éxito de esta política pública como un todo. De esta manera, se irán conduciendo más concretamente hacia el camino de la acreditación, que por lo demás es el que han atravesado los CFT privados que actualmente representan la amplia mayoría de la matrícula de este segmento de educación superior.
Por Ignacio Irarrázaval, director de Centro de Políticas Públicas UC
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