Por Ignacio Sánchez D., rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El próximo 4 de julio se presentará la propuesta de nueva Constitución para ser evaluada por todos los habitantes de nuestro país. De acuerdo a un análisis y lectura en detalle, se espera que la ciudadanía tome su decisión respecto de las opciones que se nos presentan. En este proceso, desde su inicio la universidad orientó grandes esfuerzos a aportar a la Convención Constituyente en la redacción de la nueva Carta Fundamental. Han sido más de veinte documentos de trabajo que han sido realizados por cerca de ochenta profesores(as) en el Foro Constituyente UC y el Centro de Políticas Públicas UC, los que han sido entregados a todos(as) los constituyentes, quienes han tenido la responsabilidad de conducir este proceso y de elaborar el texto definitivo.
Junto a esto, en la universidad se han llevado a cabo seminarios académicos, coloquios y debates, incluyendo en el Honorable Consejo Superior como en el Foro UC, para avanzar en el pluralismo y amplia diversidad de opiniones de los miembros de la comunidad universitaria, que es compuesta por más de cuarenta mil personas, entre profesores(as), estudiantes, profesionales y administrativos. A este gran grupo se le unen miles de exalumnos(as) que han estado de manera permanente colaborando con la universidad en este intercambio de opiniones.
Es evidente que cada integrante de nuestra universidad deberá definir su opción en el plebiscito de salida del día 4 de septiembre de manera muy libre y soberana. Para esto, a la universidad le corresponde abrir el debate de ideas y tener un amplia pluralidad y libertad académica y de expresión que enriquezca la discusión. En la Dirección Superior y con el respaldo de la comunidad universitaria hemos trabajado en esta tarea de manera muy activa desde el inicio del proceso. Sin embargo, junto con propiciar este diálogo fructífero, a quienes representamos a la institución nos corresponde destacar y poner énfasis en los aspectos que son de particular importancia para nuestra universidad y que tienen relación con los principios fundantes que nos acompañan desde el inicio de nuestro aporte al país, hace ya 134 años.
Una nueva Carta Fundamental debe definir un sistema de gobierno, las bases generales de la vida en comunidad y los derechos y deberes de las personas. Debe ser una nueva Constitución que nos una, que produzca un verdadero reencuentro nacional y que deje atrás las divisiones del pasado. Lamentablemente el proceso que hemos podido observar no ha sido así. Las propuestas y lo que hemos conocido hasta ahora han tenido un claro tono de revancha, de nuevos ganadores y vencidos, lo que preocupa de manera especial a nuestro país y se refleja en las encuestas que conocemos. Durante el proceso no se ha visto el espíritu de reencuentro que se buscaba al pensar en una nueva Constitución, idea que tuvo un apoyo muy mayoritario en nuestro país.
Los grandes temas que desde la UC nos motivan a entregar nuestras posturas son en especial el respeto a la vida y a la dignidad de la persona; la educación pública y la libertad de enseñanza; la mirada de la educación superior y la ciencia en el país; el respeto a la libertad religiosa; el respeto y desarrollo de los pueblos originarios; el concepto de plurinacionalidad y sus implicancias; la sustentabilidad y ecología integral; entre otros. Por supuesto que esto debe estar acorde a un sistema político que dé cuenta de una adecuada participación y respeto a la democracia, junto a la presencia de balances en un futuro sistema de gobierno y un sistema de justicia que respete los tratados internacionales y que sea plenamente autónomo. Sin duda los derechos sociales deben estar muy presentes en la propuesta, con la seguridad y responsabilidad de que estos sean sustentables en el tiempo y que incorporen los necesarios deberes de la ciudadanía con el desarrollo futuro del país.
En varios de los aspectos mencionados, la propuesta de borrador entrega señales que nos parecen negativas y que hemos descrito como en extremo preocupantes. Quisiera destacar de manera especial la instalación del aborto libre, en el texto actual sin restricciones y sin siquiera considerar la objeción de conciencia. Así también se resalta de manera negativa la insuficiente protección y cuidado de la libertad de enseñanza, de la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, y en particular el rol del Estado en su deber de apoyar con financiamiento esa elección. En la educación superior, la propuesta constitucional que hasta ahora hemos conocido desconoce la historia de Chile, al no mencionar el apoyo y promoción a las universidades tradicionales que han sido parte fundamental del desarrollo del país por mucho más de cien años.
Al describir estas preocupaciones por supuesto no escribo solo respecto al futuro de nuestra universidad -patrimonio de Chile y clave en su desarrollo desde su fundación-, sino también preocupa el futuro de instituciones regionales, que se han iniciado como parte de iniciativas ciudadanas, que sin pertenecer al Estado han sido clave en la comprensión y crecimiento de Chile y sus habitantes. Con las propuestas que hasta ahora hemos conocido, -que afectan el corazón de la propuesta valórica y educacional de la UC al país-, se hace imposible apoyar un texto constitucional que va contra nuestros principios más profundos y en contra de la educación superior que el país requiere y demanda.
