Columna de Isabel Aninat, Mayra Feddersen y Javier Wilenmann: ¿Cuidar para quién? Una propuesta responsable para la política nacional de cuidados

El gobierno inauguró el Consejo Asesor Interministerial para la elaboración de una política nacional de cuidados a principios de abril. El enorme costo social y personal impuesto a las familias, su influencia en la desigual distribución de cargas entre géneros y el aumento creciente de las personas que requieren cuidados hacen del desarrollo de una política en este ámbito un asunto primordial de nuestra normativa.

Son tres las principales razones por las que se justifica avanzar en este ámbito. Desde un punto de vista sociopolítico, la política de cuidados responde a una demanda central del movimiento feminista derivada de la desigual distribución de las cargas de cuidado entre géneros y por los efectos que aquella distribución desigual tiene en las vidas laborales y profesionales de mujeres y hombres. Demográficamente, es un hecho que nuestra sociedad envejece. Según un estudio del INE, en 2050 cerca de un tercio de la población chilena estará compuesta por personas mayores.

La realidad previa se une a la constatación que la política de cuidados contiene un aspecto central para el desarrollo de un Estado de bienestar que no siempre es considerado en la discusión local: su eficacia se encuentra condicionada por las expectativas de sus destinatarios. La estructura del cuidado depende de una configuración previa que se basa en las expectativas que tienen los ciudadanos sobre quién debe cuidar. En consecuencia, la distribución cultural de la responsabilidad de cuidar es la principal condicionante de una política pública efectiva en este campo.

En 2022, el Centro de Investigación en Derecho y Sociedad de la Universidad Adolfo Ibáñez, en colaboración con la Municipalidad de Peñalolén, levantaron una gran cantidad de información cualitativa sobre las trayectorias de vida de las personas que participaban en programas de asistencia estatal al cuidado de otros, y de las percepciones que tenían sobre sus derechos en esta materia. Los resultados nos sorprendieron: la responsabilidad de cuidar se encuentra tan intensamente atribuida a la familia que los participantes manifestaban rechazo o extrañeza ante la idea de que la provisión principal del cuidado sea realizada por terceros. Esta evidencia es similar a hallazgos que han emergido en otros contextos, como Estados Unidos (Levitsky 2008, 2014), y que son conocidos en la literatura comparada sobre Estados de bienestar. Aunque quienes son externos a las relaciones de cuidado tienden a percibir los problemas de justicia social –específicamente vinculada al género– en el tema, es común que las y los cuidadores mismos expresen distancia frente a esta idea. El cuidado es percibido como una obligación moral vinculada a la familia, que se basa en consideraciones de cariño y reciprocidad. Así, las políticas que las y los cuidadores están dispuestos a apoyar dependen de esta configuración.

El punto anterior refleja una tensión que es central en el desarrollo de una política eficaz en esta materia. Las configuraciones que desafían la responsabilidad familiar primaria respecto del cuidado tienden a ser rechazadas por sus destinatarios. Al mismo tiempo, esta atribución primordial de responsabilidad en las familias influye en la distribución desigual de cargas entre géneros. La tensión, sin embargo, no es irresoluble. Como muestra la literatura comparada, el Estado puede interactuar con la estructura de la familia para producir los efectos esperados de ayuda y distribución. Para que sea eficiente, esta política debe ser percibida como una que ayuda a los responsables primarios del cuidado y que amplía sus espacios de libertad —laborales y personales— a partir de ello. Este es un desafío que debe ser abordado responsablemente por una política nacional de cuidado, para que no ponga en riesgo su eficacia y legitimidad.

Por Isabel Aninat, Mayra Feddersen y Javier Wilenmann, Facultad de Derecho UAI