Por Isabel Castillo, académica Universidad Alberto Hurtado y COES
El 4 de septiembre asistiremos a las urnas para aceptar o rechazar la propuesta elaborada por la Convención Constitucional. Hubiese sido deseable una propuesta que lograra un más amplio respaldo ciudadano -se avizora un resultado estrecho en el plebiscito de salida- y que aportara a recomponer los lazos entre partidos políticos y sociedad. Es innegable que se podría haber avanzado más en esa dirección y que el proceso tuvo fallas, incluyendo mal diseño de las reglas internas, posturas maximalistas de varios convencionales y falta de liderazgo de la mesa directiva. Pero es injusto pedirle al proceso que resuelva problemas estructurales como las fallas de nuestra política. En cambio, podemos evaluar a la Convención en torno a tres objetivos que derivan naturalmente de las circunstancias en que ésta surge: la institucionalización de una álgida conflictividad social, la elaboración de una Constitución de origen democrático y la proyección de un nuevo y mejor marco para procesar el conflicto político.
En cuanto a lo primero, cabe recordar que el acuerdo de noviembre de 2019 pareció ser la única herramienta con que la élite política apaciguó un conflicto que desbordaba al país en todos los frentes. El acuerdo no solo permitió disminuir las protestas, sino que abrió un marco institucional y democrático para procesar el conflicto al que se sumó una parte considerable de quienes repletaron las calles. En esta primera necesidad, quizás la más urgente, la Convención cumplió con los objetivos que buscaba el acuerdo de noviembre.
En relación al segundo punto, el origen democrático del texto parece ser funcional tanto para calmar las aguas como para legitimar un nuevo marco institucional. El borrador, fruto de un proceso paritario, con participación de pueblos indígenas y refrendado en tres procesos electorales, asegura una legitimidad institucional del que nuestra Constitución actual carece. De rechazarse la propuesta, no es evidente que vaya a seguirle un nuevo proceso similar, ni que éste genere mayores consensos. Por otra parte, la propuesta avanza en muchas áreas anheladas por la ciudadanía, en particular en derechos sociales, de mujeres, de pueblos originarios, descentralización y protección del medio ambiente.
En lo referente a un nuevo marco institucional, particularmente con el diseño del sistema presidencial con bicameralismo asimétrico, se busca dar mayor agilidad a la formación de leyes y facilitar el cumplimiento de programas de gobierno. Agoreros del proceso dan por ciertas una serie de consecuencias negativas de este modelo, cuando en realidad no existen certezas de ello. Primero, buena parte de su destino depende de cosas fuera del borrador, en particular el sistema electoral y la ley de partidos políticos. Y el hecho de que existan interpretaciones tan contradictorias muestra que no es posible tener claridad sobre las derivas efectivas que puede tener determinado marco institucional, las que por cierto nunca pueden preverse de antemano. El institucionalismo histórico en ciencia política enseña que existen inercias institucionales, adaptación y transformaciones graduales de las instituciones empujadas por el comportamiento de los actores, aun sin cambios formales. Por tanto, el futuro de la nueva Constitución no está escrito. La invitación es, entendiendo el carácter imperfecto de la democracia, a abrazar el resultado que este proceso democrático nos ofrece.
