Por Iván Poduje, arquitecto.
Esta semana se supo que la plataforma Waze está siendo usada para identificar sectores afectados por encerronas y asaltos, lo que generó la molestia del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que señaló que “con la seguridad no se juega”, ya que estos datos no provenían de fuentes oficiales. Pero lo cierto es que hace años empresas y personas están generando información propia para reducir el riesgo de ser víctimas de un delito. Un ejemplo son las empresas de retail y servicios que tienen mapas de las “zonas rojas” donde narcotraficantes ejercen control territorial.
Al interior de estos barrios, los vecinos saben perfectamente qué plazas están tomadas por las bandas o qué casas son usadas para traficar y guardar droga. Aunque no pueden entregar esa información a las policías, para no sufrir represalias, se encargan de que sus hijos o familiares se mantengan alejados. Con los años “el boca o boca” se ha complementado con plataformas como Sosafe o grupos de WhatsApp donde los residentes se coordinan para ir en ayuda de algún vecino que esta siendo víctima de un delito, ya que saben que los carabineros no llegan a las zonas rojas, salvo que vayan con refuerzos.
Los taxistas y colectiveros también tienen un mapa mental de la inseguridad. Conocen los horarios y las calles que no deben transitar para no exponerse, mientras que los chóferes de los recorridos más complejos de Transantiago, como el 428 expreso o el 432, saben que todos viajan gratis para no tener problemas. Además de influir en conductas de movilidad y hábitat, el temor está cambiando el paisaje de la ciudad. En las zonas rojas abundan las rejas en pasajes y fachadas de casas o almacenes. Las calles suelen estar vacías, y los niños deben jugar en gimnasios cerrados o escuelas, para protegerse de balas locas o reclutadores de narcos.
La ciudad del miedo tiene larga data, pero se consagró luego del estallido, cuando la violencia fue justificada políticamente, lo que fue aprovechado por delincuentes para golpear a las policías y ampliar su área de influencia. Los centros de Maipú, Puente Alto, Viña del Mar o Valparaíso nunca volvieron a ser los mismos. Sus tiendas lucen gruesos blindajes con pequeñas puertas donde los clientes deben entrar flanqueados por guardias con equipamiento especial, mientras las veredas se disputan a fierrazos en las zonas más concurridas.
En vez de molestarse, el subsecretario Vergara debe tomar medidas para reducir la inseguridad que crece como cáncer por barrios y comunas. Lo primero que se debe recuperar es la presencia del Estado en las “zonas rojas”, mediante un potente y decidido despliegue de servicios públicos y obras urbanas que tenga resultados en 40 meses, lo que es perfectamente posible. En Atisba hicimos una propuesta para 35 sectores de Santiago que incluye la construcción o reparación de 12 consultorios, 42 jardines infantiles y escuelas y 80 plazas con retenes barriales. Además, propusimos recuperar 26 sitios eriazos construyendo piscinas temperadas, como la Alamiro Correa de Pudahuel y polideportivos, como el de Villa O’Higgins en La Florida
Una segunda medida es crear una policía municipal, sin armas letales, pero con entrenamiento y sistemas para disuadir o impedir la comisión de delitos menores. Este modelo funciona muy bien en París y ha logrado aliviar la carga de la policía, que se aboca a los delitos más complejos. Para ello se requiere un fondo de seguridad asignado a los municipios, con glosa exclusiva de gasto supervisada por la Contraloría. Otra clave es mejorar la infraestructura y el equipamiento policial. La burocracia al interior de Carabineros es tan grande, que los propios policías deben arreglar sus vehículos o cuarteles para evitar que pasen meses averiados. Si la institución externaliza este servicio, podría liberar miles de horas policiales, para reforzar su presencia en las calles.
Si no implementamos estas medidas, el miedo seguirá transformando el paisaje de la ciudad y limitará la libertad de las personas. La noche se hará más corta, las calles más vacías, los blindajes se extenderán hacia casas y automóviles particulares y la seguridad se transformará en un negocio enorme, que beneficiará sólo a quienes pueden pagar, aumentando la segregación urbana que tanto nos aflige.
