Columna de Jaime Abedrapo: Criterio Valencia: necesario para el Chile de hoy
En el contexto de una agenda país tomada por la inseguridad ciudadana debido, entre otras razones, al evidente aumento de la capacidad de fuego en las organizaciones criminales, que explica el 32 por ciento de alza de homicidios en el último año y los lamentables asesinatos -cada vez más frecuentes- de funcionarios de Carabineros, urge impulsar iniciativas que permitan cambiar los criterios y estrategias frente a la delincuencia, como la expuesta por el fiscal nacional, Ángel Valencia, que apunta a dejar en prisión preventiva a los extranjeros indocumentados sorprendidos en flagrancia en actividades delictivas.
Al respecto, existen bastantes interpretaciones voluntaristas e ideológicas respecto de los alcances de los acuerdos internacionales en la regulación y protección de las personas migrantes. El régimen internacional establece una protección amplia en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e instrumentos específicos como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, pero este entramado de normas está quedando vacío, o bien, sin una utilidad efectiva, no solo porque algunos estados los incumplen, sino también por la interpretación y utilización ideológica de los mismos.
En efecto, durante los últimos días hemos escuchado argumentos que van desde la violación de un supuesto derecho a inmigrar, hasta la existencia de una prohibición legal internacional para abordar la situación de los inmigrantes indocumentados sorprendidos cometiendo un delito flagrante desde lo penal. No obstante, el criterio Valencia no transgrede norma alguna del régimen internacional vigente. Cabe añadir que el instructivo no es discriminatorio, puesto que no diferencia entre inmigrantes y nacionales, ya que la medida precautoria se adoptaría en caso de toda persona indocumentada que sea detenida en flagrancia.
El impacto de esta medida, que es un lineamiento del fiscal nacional y no una ley, dependerá del criterio de los jueces, sin embargo, este juicio apoyaría el trabajo de regularización de las personas indocumentadas, ya que una de las características más evidentes del Chile actual es su inmigración desregulada y desordenada, situación que favorece a quienes cometen crímenes o delitos y resulta adversa para los verdaderos migrantes que buscan una mejor calidad de vida en nuestro país.
Desde otra perspectiva, para la efectividad de esta medida es necesario que el Estado entregue alternativas para enfrentar la actual precariedad para albergar a las personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios, situación que se verá agravada con las medidas cautelares promovidas por el fiscal Valencia.
En consecuencia, resultaría razonable impulsar un acuerdo político amplio que permita responder a la falta de infraestructura carcelaria, también para abordar mejoras al modelo de intervención y rehabilitación en las cárceles, o a reducir el alto porcentaje de incumplimiento de medidas cautelares entre personas que han sido condenadas por delitos, como también, para crear una necesaria disposición legal que evite la disparidad de criterios entre lo que dicen los fiscales y lo que pueda decir el Poder Judicial.
Por Jaime Abedrapo, director del Centro de Derecho Público y Sociedad, Universidad San Sebastián
