Es el tema del momento. La exministra Vega le solicitó a su jefa de Comunicaciones que contactara a Héctor Llaitul, líder de la CAM, quien ese mismo día llamaba “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”. Sería la primera de una seguidilla de declaraciones donde amenazaría el orden institucional, y en el fondo, justificaría acciones terroristas.
La ministra renunció a su cargo después de varios errores en la línea de la justificación de la violencia al sostener que existían presos políticos -justo cuatro días después de hablar con Llaitul-, que habían aumentado en un 400% los delitos con estado de emergencia cuando en realidad habían disminuido un 48% en el gobierno anterior, y luego dando instrucciones a los funcionarios del ministerio sobre cómo explicar el texto constitucional que aprueba el gobierno.
¿Corrió con colores propios la ministra, como sostuvo la ex presidenta de RD, o siguió la política e instrucciones del gobierno, como dice el PPD?
Para responderlo debemos recordar algunas declaraciones de las actuales autoridades, de tan solo unos meses atrás. El ahora ministro Jackson proponía en enero del 2021 eliminar la Ley de Seguridad del Estado (LSE), ya que se podría usar para infundir temor en la población, perseguir a los adversarios políticos y, como sostendrían luego en el gobierno, perseguir “solo ideas”.
Al mismo tiempo, la Convención Constitucional, donde el gobierno tenía amplia mayoría, declaraba que se debía indultar a quienes cometieron delitos durante el estallido y “el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la LSE”, la “desmilitarización del Wallmapu” y que el indulto a los “presos políticos mapuches” aplicara para varias regiones y desde el 2001. O sea, que entre otros, el asesino del matrimonio Luchsinger- Mackay saliera libre e impune.
Finalmente, el mismo gobierno, en palabras de la ministra Siches, sostenía que debían conversar con todos -sin exigir que depusieran las armas- y en sus discursos mezclarían las reivindicaciones territoriales legítimas del pueblo mapuche con la vía armada que se cuelga de lo anterior para justificar su crimen organizado, venta de madera y narcotráfico.
Es decir, la exministra Vega parece haber cumplido exactamente lo que el gobierno y la Convención querían, solo que salió demasiado a la luz.
En los próximos días el gobierno de Chile deberá definir cuál es su alma. O está con quienes justifican la violencia, con los que quieren eliminar el estado de emergencia, con aquellos que consideran que Llaitul está haciendo justicia y sus declaraciones son solo ideas, o si cambió de opinión honestamente, entendiendo la utilidad del estado de emergencia, condenando la violencia paramilitar y usando la fuerza legítima del Estado para mantener el orden público democrático y la paz.
En el fondo, deberán escoger con qué lado de la coalición gobernante quebrar. Si aprueban o rechazan a Llaitul.
