Hace más de una década, junto a un grupo transversal de personas propusimos la implementación de la inscripción automática con voto voluntario para las elecciones. La justificación es que con el modelo anterior nos hacíamos trampa en solitario: la participación era alta entre quienes estaban inscritos, pero a nivel general la gente votaba cada vez menos, y esto era preocupante para la solidez democrática de Chile.
Una vez aprobado el voto voluntario, las cifras de participación no cambiaron mucho. Y eso sin considerar el crecimiento de la población, pues porcentualmente llegábamos incluso a menos personas. La solidez democrática de Chile seguía preocupando.
Las malas cifras generaron varias veces debate en el Congreso, donde se fue construyendo poco a poco una mayoría transversal para retornar al voto obligatorio. Recuerdo nítidamente discursos de la izquierda señalando que un voto voluntario desfavorecía a las poblaciones más vulnerables -exactamente lo contrario a lo que hoy plantea el diputado Winter- ya que los más ricos tenían “conciencia de clase” y por tanto votaban más.
Un punto de inflexión tuvo lugar en 2019 cuando el Congreso discutió sobre el plebiscito de salida. La izquierda completa, envalentonada por el estallido, estaba cerrada en que debía ser obligatorio. El pueblo completo se debía manifestar. Y la verdad es que el argumento es razonable: las reglas comunes deben ser validadas por la inmensa mayoría, de lo contrario la preocupación por la solidez democrática no se superaría. El voto dejaba de ser solo un derecho para convertirse prioritariamente en un deber.
Y llegó el día que lo cambió todo: el 4 de septiembre de 2022. En la elección con mayor participación de nuestra historia republicana, 13 millones de personas llegaron hasta las urnas y un contundente 62% les dio un mensaje que jamás olvidarán: que el pueblo no estaba con su propuesta refundacional que debilitaba severamente nuestra democracia, así como tampoco con la justificación de la violencia.
Desde ahí en adelante, los distintos procesos no han bajado de los 12,8 millones de votantes. Con todos sus vaivenes, las decisiones tomadas en las urnas han sido incuestionablemente legítimas. Y es verdad que a la izquierda le ha ido peor, pero ha sido precisamente por alejarse del sentido común popular. Ahora, en una acción que pareciera representar un estado de pánico, pretenden cambiar las reglas del juego eleccionario a 16 días de las inscripciones, para intentar reducir la participación, pensando que así les irá mejor. Y probablemente lo más escandaloso es querer dejar fuera por secretaría a miles de ciudadanos que han entrado legalmente al país luego de escapar de las dictaduras que parte de ellos avalan.
El gobierno está en una situación límite: cumplir su palabra, manteniendo el voto obligatorio, o desentenderse de todo para salvar algunos cargos de su coalición. El oficialismo entró en pánico porque hoy le teme al voto popular, al que antes dijeron representar.
Por Jaime Bellolio, director Observatorio territorial IPP UNAB
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