El escándalo de corrupción desencadenado por el caso “Democracia Viva” y Revolución Democrática ha dañado y vulnerado a la sociedad civil en su indispensable papel en la provisión de bienes públicos.
Tocqueville sostenía que la sociedad civil -asociaciones voluntarias entre los individuos y el Estado- cumplían un rol esencial en la preservación de la democracia y el bienestar general; fomentando la participación cívica y deliberación pública; promoviendo la tolerancia, convivencia y sentido de comunidad. Y también son quienes ayudan a resolver problemas públicos, fomentan y protegen las libertades individuales, y representan un dique al poder del Estado de invadir todos los espacios sociales. Cuando se debilita o corrompe a la sociedad civil, se hace lo mismo con la democracia.
¿Puede “Democracia Viva” ser incluida dentro de estos roles? No. La verdad es que ellos usaron el disfraz legal de fundación para desviar dinero del Estado y hacer propaganda partidista, contratando a amigotes y militantes, quienes, entre otras cosas, debían fiscalizar a la misma fundación. No era solo un “descriterio” como quisieron hacer creer, es un acto corrupto. Más aún, desde la campaña del “Apruebo” admitieron haber utilizado a Democracia Viva como vehículo de financiamiento para campañas políticas, lo cual está siendo investigado por el Servel.
Entonces, si siempre fue una entidad de propaganda partidista, ¿por qué recibe $426 millones para ejecutar programas, sin experiencia ni competencias, y haciéndolo a través de depósitos divididos artificialmente para evadir el control? Para algunos pareciera que el fin justifica cualquier medio, inclusive con el dinero que iba destinado a campamentos.
A medida que se conocen más detalles y se encuentran indicios de un modus operandi similar en otras partes del país, surge una sospecha generalizada hacia todas las fundaciones y corporaciones, asumiendo que todas deben ser iguales a la farsa de “Democracia Viva”.
En este sentido, es una decisión perjudicial que la Contraloría haya optado por paralizar cualquier contrato entre fundaciones e instituciones estatales, puesto que mete a todas dentro del mismo saco, contribuyendo a confirmar el prejuicio y desconfianza. Esto no solo afecta a miles de organizaciones que sí hacen su trabajo orientado al bien común, como el Hogar de Cristo, Desafío, Coaniquem, Las Rosas, entre otras, sino que perjudica directamente a quienes eran los reales beneficiarios.
Debemos estar alertas al burdo intento de culpar a la subsidiariedad en vez de la corrupción, con el objeto de instalar la fracasada idea de omnipresencia estatal. En cambio, sí es necesario modernizar el estatuto de fundaciones y corporaciones, tomando como ejemplo las 501(c) de EE.UU., y exigiendo una mayor transparencia y rendición de cuentas, como se ha hecho con la FECU social, sin caer en una sobreburocratización.
Todo esto, antes de que sea tarde, y se haya contribuido con un ingrediente más a cómo mueren las democracias.
Por Jaime Bellolio, director Observatorio Territorial IPP UNAB
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