Desde hace un tiempo tenemos en nuestro país el llamado “derecho a la desconexión digital”, que protege a los trabajadores de tener que estar constantemente revisando dispositivos tecnológicos para atender tareas del trabajo, fuera del horario convenido. Sin embargo, hay un derecho a la desconexión que falta, y no distingue entre nadie: el derecho a vivir sin miedo.
Sí, esa posibilidad de cada uno de nosotros de poder caminar tranquilos por las calles sin temor a ser víctima de un delito, de que en los trayectos que hacemos nosotros y nuestros familiares -especialmente nuestros hijos e hijas- haya seguridad, haya cierta certeza de que va a pasar nada malo.
Parte de los grandes niveles de polarización y de un ambiente crispado tiene que ver con la ausencia de este “derecho”, ya que el ser humano está “cableado” internamente para responder a las amenazas del entorno, donde el hipotálamo activa una señal de alerta en el cuerpo, que hace que aumente el nivel de cortisol y adrenalina, entre otras cosas.
Esta reacción, que está pensada para momentos de emergencia o extraordinarios, como una situación de lucha o escape, hoy se transforma en permanente, y por tanto, se normaliza. Entonces, se responde con la misma intensidad ante amenazas grandes y chicas, llevándonos a la ira y descontrol más seguido. Como consecuencia, existe menos paciencia, menos diálogo, se fortalecen las lógicas de barras bravas en redes sociales, y el necesario punto de acuerdo y encuentro de la política se transforma en una traición y cesión inaceptables. Necesitamos una desconexión.
Y se puede partir por una: desconectar las redes celulares en las cárceles y cortar así con el crimen organizado detrás de las rejas. No es posible que, tal como dijera el ex director de Gendarmería, los gendarmes terminen siendo “voceros de las amenazas de los presos”.
No solo hay que partir por proteger integralmente a quienes custodian las cárceles, sino que hacer valer el Estado de Derecho ante los chantajes de delincuentes que pretenden seguir en su “negocio” desde dentro. Sabemos que desde ahí se organizan estafas telefónicas, se coordina logística para venta de droga, e inclusive se roban computadores gubernamentales. Tanto es así, que dentro del “coa” o lenguaje de la cárcel, se habla de “estar en la playa” cuando una persona relacionada con la organización delictiva entra a la cárcel y puede seguir sus crímenes, ahora además siendo custodiado en su seguridad.
Si sentimos alejadas las realidades de las cárceles de Ecuador, Brasil, Colombia o las amenazas en Rosario, Argentina, debemos poner freno inmediato a la organización criminal en nuestras cárceles.
El derecho a la desconexión para la seguridad tiene una primera valla en la desconexión de la red celular en las cárceles. Es necesario que el gobierno no retroceda ni un segundo en la medida y la haga plenamente efectiva. No podemos perder esta primera batalla.
Por Jaime Bellolio, director Observatorio Territorial IPP UNAB
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