Hay un viejo refrán español que se usa cuando una persona quiere desdecirse o rectificar sus dichos: “donde dije digo, digo Diego”. Esta semana hemos visto algunos ejemplos. La ministra de Medio Ambiente sale a anunciar un aumento al impuesto a los combustibles; a las pocas horas intenta rectificar y Hacienda termina por enterrar la idea. El encargado de Migraciones sostiene que la migración irregular no representa un problema de seguridad interior, o la de Aduanas diciendo que el informe de la ONU sobre tráfico de drogas por San Antonio no era alarmante. La ministra de Interior califica de “gatillo fácil” la Ley Nain-Retamal, horas después de que el propio gobierno le solicitara a su coalición de izquierdas que la aprobara. El ministro de Justicia se retira de la tramitación del proyecto que pedían aprobar, porque no fue acogida una enmienda del gobierno, para luego ceder a otra redacción que minutos antes consideraban imposible.
Estos “giros” discursivos suelen ocurrir en la disputa política, pero hay algunos temas y momentos en los cuales la improvisación puede causar serias inconveniencias. Hoy, ese tema es la seguridad.
A buena parte de la actual coalición de gobierno le pesan sus opiniones, acciones y convicciones sobre las policías y sus herramientas para la lucha contra el crimen. No son solo los miles de tuits que justificaban la violencia y destrucción, homenajeaban a la “primera línea”, trataban de asesinos y enemigos del pueblo a Carabineros, proponían su disolución, despreciaban las reglas e instituciones, los trataban de “desclasados” y de serviles para la mantención del poder abusivo.
Si la izquierda radical, entonces dedicada a la política desde la comunicación y el malestar, dedicó años a despedazar la autoridad, insultar y denigrar a las policías, felicitar la subversión, saltarse las reglas y adular al “matapacos”, ¿cómo podrían creer que eso terminaría siendo inocuo? ¿O que votando en contra de cada una de las iniciativas de seguridad en el pasado no afectaría su credibilidad?
Hoy, el gobierno nos propone un cambio de discurso y rumbo en materia de seguridad -del cual me alegro-, sin explicar ni reflexionar el porqué de esta gigantesca contradicción con el pasado reciente, que nos permita creer que esto es por convicción y no mera conveniencia.
El anuncio de mayores recursos y más legislación es una buena noticia, pero debieran partir por explicar cómo todo esto se condice con que los propios parlamentarios de Apruebo Dignidad minan los esfuerzos y discursos del gobierno, votando en contra de los proyectos, amenazando con recurrir al Tribunal Constitucional o cortes internacionales y volviendo al discurso de siempre. La verdadera “tregua” no es con la oposición, es con los propios.
Esto contribuye, además, a que el péndulo siga inclinándose hacia el lugar donde peligrarían las libertades civiles y la democracia. Es urgente que el gobierno ponga hechos donde ponen sus palabras, para poder creer que donde dijeron enemigo, ahora dicen amigo.
Por Jaime Bellolio, director Observatorio Territorial IPP UNAB
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