Una rama de la Economía, denominada Teoría de Juegos, trata de explicar cómo toman decisiones las personas al interactuar con otros. Uno de sus problemas fundamentales es el denominado “dilema del prisionero”. Trata más o menos así: dos personas son sorprendidas cometiendo un delito, son llevadas a la policía y puestos en cuartos donde no pueden comunicarse entre sí, para escuchar sus testimonios. Si ambos niegan la participación en el delito, irán por un año a la cárcel; si uno delata al otro saldrá libre, mientras que el inculpado deberá pasar 10 años en la cárcel. Finalmente, si ambos se delatan, ambos pasarán 5 años presos.
Lo que debiese esperarse, dado los posibles resultados, es que ambos cooperaran entre sí -no delatándose- y así cumplirían corto tiempo antes de salir en libertad. Sin embargo, al no tener forma de asegurarse que el otro va a cooperar, ambos terminan delatándose y pasando más tiempo presos. El juego muestra, entonces, cómo dos partes pueden no cooperar, a pesar de que es del propio interés de ambos el hacerlo. Esto es casi igual a lo que estamos viviendo en el ámbito constitucional.
Sabemos que cerrar el ciclo constitucional, con un pacto político transversal, implicaría una reducción de las incertezas, una mejor gobernanza, mejores perspectivas para la inversión y el desarrollo y la reconstrucción de nuestro pacto de convivencia. Por supuesto, ninguna de estas cosas ocurriría por acto de magia, tampoco resolvería todos nuestros problemas y seguirían existiendo las legítimas diferencias ideológicas y de política. Pero sería un marco compartido para poder resolver institucionalmente las urgencias que nos aquejan hace años.
Sin embargo, en una política secuestrada por el presente, no hay réditos para llegar a acuerdos, las barras propias los entienden como una cesión, humillación o una traición, y el resto de la ciudadanía los ven con sospecha y recelo. Por si fuera poco, las encuestas siguen dando por ganador al “en contra”. Estamos en presencia de un “dilema del prisionero constitucional”.
Si seguimos en esta lógica, podríamos estar cerca de la paradoja en que todas las fuerzas políticas decidan estar por rechazar esta nueva propuesta constitucional, y tratar de repartir culpabilidades y empates. Ganaría la no cooperación.
¿Nos damos por vencidos? No. Creo que el rechazo de una nueva alternativa constitucional, aun cuando el proceso ha sido abrumadoramente superior al anterior, alimentará las ideas de que “la política no sirve para nada” y el “que se vayan todos”. Las personas valoran mayoritariamente la aprobación de algunas enmiendas (otras no), pero siguen desaprobando el texto. Pero en realidad lo que se rechaza es el contexto: la política y el hastío del proceso.
Para que la política no pase a ser causante de la desesperanza, es necesario que haya un clima favorable a la cooperación, al diálogo y al acuerdo. Para ello se necesita confianza, un minuto de silencio, y una firme convicción. Se puede.
Por Jaime Bellolio, director Observatorio Territorial IPP UNAB
