Como si lloviera sobre mojado para el gobierno, el caso del secuestro del teniente Ronald Ojeda agrava tanto el problema de la seguridad en Chile como la tensión interna con la facción oficialista que defiende al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Ojeda hizo noticia primero por haber escapado de la cárcel de Ramo Verde, el conocido lugar de prisión política, asesinatos y torturas en Venezuela. Luego, hace exactamente un mes, fue incluido en la lista negra del régimen por “actos de traición a la patria”, por supuestamente estar involucrado en la “planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el gobierno legítimamente constituido” (sic). Es precisamente por estos hechos previos que hoy estamos inmersos en un escenario de tal gravedad, con ribetes de escándalo internacional.
La mejor muestra de ello es que el “escenario bueno” sería que el secuestro haya sido realizado por el crimen organizado, y así se sumaría al aumento de un 70% de estos crímenes, pero pocos con la desfachatez y preparación que hemos visto.
Pero la duda se agiganta -y es el elefante en la cristalería-, porque estamos hablando de un exmilitar que debió arrancar de un régimen corrupto, autoritario y asesino. O, dicho de otra forma, ¿habría discusión sobre la participación de fuerzas armadas extranjeras en Chile si Ojeda no hubiera sido teniente, o si lo hubiese sido, pero de otro país? La respuesta es evidente, pero no todos quienes hoy están en puestos de gobierno lo entienden así.
En La Moneda han dicho que se “tomó contacto con Venezuela”, pero basta haber visto o leído la más sencilla de las películas o libros de espías para saber que el régimen negaría cualquier responsabilidad. Si se trató de una operación militar, la cuestión es hasta qué profundidad fue la aquiescencia (consentimiento) del Estado venezolano y sus colaboradores. Y en el caso de nuestro país, qué rol habrían jugado los defensores del régimen político de Maduro que pueden acceder a información privada sobre Ronald Ojeda, como sus datos personales, su estatus migratorio y más.
Preocupa, en esta línea, que las acciones de seguridad o defensa para capturar a los criminales y las decisiones de retaliación que haga el Estado chileno sean reservadas no solo al público en general, sino también internamente, ya que es evidente que habrá quienes -la ultra del oficialismo- deseen que no se tome ninguna medida contra la dictadura.
Con todo lo anterior, el gobierno deberá tomar sus decisiones pensando en el interés de Chile y entregar la mayor certeza de seguridad a todos quienes habitan sus fronteras, en especial ante la amenaza del poder del crimen organizado o de una gran organización criminal como la de Nicolás Maduro y sus comparsas.
Marzo ya aparece de frente para todos, pero en especial para un gobierno con dificultades en gestión y resolución de conflictos internos, con tantos frentes abiertos. Si en algo se necesita unidad, es en esto: seguridad nacional e integridad de nuestra soberanía territorial.
Por Jaime Bellolio, director Observatorio Territorial IPP UNAB
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