Esta semana, el alcalde Carter demolió la cuarta “ampliación” de una casa narco. Lo hizo a través de una fórmula “ingeniosa” como sostuvo el ministro de Justicia, antes de que -al parecer- fuera reprendido por su expresión que se mostraba favorable a la acción. Y efectivamente es una fórmula creativa, ya que usa la Ley General de Urbanismo y Construcción, que da atribuciones a los municipios para demoler aquellas construcciones no regularizadas, luego de una serie de requisitos. Como es obvio, dicha facultad rara vez es utilizada, y más bien se espera que se haga un perdonazo a través de la denominada “ley del mono”, atendida la gigantesca cantidad de viviendas que caerían en incumplimiento, y que además se concentran en población más vulnerable.
Pero el alcalde no elige una casa al azar, o llevada por los rumores -estrictamente fundados- de los vecinos. No, recibe una información “semioficial” de parte de la Fiscalía de Alta Complejidad, con lo cual tiene una mucho mayor certeza que el mediático hecho cumple un criterio básico, esto eso, destruir lo que es del narco y no lo que es de una familia esforzada.
El gobierno se ve atrapado en una encrucijada. Sabe que tiene que responder a la demanda de la ciudadanía por mayor seguridad en general, y disminuir la violencia del crimen organizado en torno al narco en particular. Pero al mismo tiempo, se complica con mostrar soluciones que se basen en mayor fuerza o enfrentamiento directo, toda vez que ellos mismos, siendo diputados, votaron en contra de todas y cada una de las medidas que entregaban mayores facultades intrusivas o depositaban mayor responsabilidad en las policías.
Y es que de tanto teorizar políticamente sobre las causas de la delincuencia, marginalidad y microtráfico, nos olvidamos de esas mismas familias vulnerables que sufren balaceras a diario o “balas locas” que atraviesan sus paredes. Y peor aún, en cómo los jóvenes ven en el narcotráfico una salida express a su situación de marginalidad y pobreza, con cero remordimientos frente al mal causado, y al endiosamiento del dinero fácil y el consumo inmediato. Todo esto en un ambiente de música e imágenes compartidas de los excesos y supuesta satisfacción. Y es que si hay un futuro cancelado, si no hay mañana o un porvenir, entonces se hace lo que sea para sobrevivir y disfrutar el aquí y ahora.
Es absolutamente necesario enfrentar decidida e institucionalmente el crimen organizado en torno al narco. Y para esto, todos los que obligadamente conviven con el crimen organizado deberían preguntarse qué hacer para enfrentarlo: directores de escuela, conductores de televisión, servicios de salud y sin duda autoridades municipales, regionales y nacionales.
Pero ello, implica correr riesgos. Desde ser amenazados por los criminales, hasta pagar costos políticos. Pero es preferible tener alcaldes que derrumben casas-narco, a alcaldes pagados por el narco.
Es urgente, antes que tengamos nuestra propia serie de Netflix “Narcos Chile”.
Por Jaime Bellolio, director Observatorio Territorial IPP UNAB
