Razones para criticar a las Isapres hay muchas. Entre ellas, la larga negativa a los indispensables cambios desde hace más de una década, como el término de cotización diferenciada por sexo, la cautividad por preexistencias, la imposibilidad de comparar -y por tanto de competir- entre los más de 53 mil planes, el permanente cambio de los códigos, el escaso interés en la prevención de enfermedades y otras más.
Por cierto, sería injusto no mencionar el aporte de éstas en la generación de una oferta de prestadores privados de calidad -clínicas, hospitales, centros, consultas, laboratorios, etc.- sumando a 3 millones de afiliados -un tercio de los trabajadores formales- y que el 2022 realizó casi 74 millones de atenciones a usuarios de Fonasa. Más aún, mostró ser imprescindible durante el Covid, así como a la hora de poder cumplir en tiempo y forma las garantías GES y las necesidades sanitarias de la población.
Y es precisamente por lo necesario de sus coberturas, atención e infraestructura que se transforma en un problema que excede lo individual y privado, transformándose en un problema de interés general y de política pública. Porque, aunque moleste a la mirada centralizada y estatizadora de los bienes públicos, el aporte y elección del sistema privado es el que permite un mejor derecho de acceso a la salud.
Esta es una de las razones por las cuales pugnan las distintas visiones ideológicas en el actual gobierno. Para unos, las Isapres y el sistema privado son una verdadera blasfemia a la pseudo religión del fin al neoliberalismo, lucro, Constitución vigente y élites, y por ello han planteado desde hace años el interés de su extinción, inclusive proponiendo un “big bang”, es decir, cerrarlas de un día a otro, para así construir ese modelo utópico donde a través del Estado, todo funciona bien: sin listas de espera, sin precios, sin ineficiencias. Otros, de forma más pragmática, aunque puedan disgustarles, saben que son necesarias -para ellos también- y no quieren ser tildados de concurrir a un salvataje, pero tampoco al entierro.
Desde que en 2010 el Tribunal Constitucional declarara inaplicable la tabla de factores, se han realizado propuestas legislativas -sin éxito- para intentar solucionar el problema de fondo, como la instauración de un plan único garantizado, un fondo compensatorio de riesgos, mecanismos para disminuir el gasto de bolsillo en general y en medicamentos, la separación del pago de licencias médicas, entre otras. Y en este vacío, la Corte Suprema termina haciendo un fallo que es una verdadera declaración de política pública, indicando quién, cuánto y cómo debe hacerse, aun cuando exceda con creces sus facultades.
La manera en que esto se resuelva -o no- es paradigmática del estado de nuestra política, donde pesa más lo inmediato, la confrontación, las acusaciones de intereses particulares, el temor a la impopularidad y el salto de las reglas vigentes.
La política y el sistema de salud, ambas en estado crítico, y casi terminal.
Por Jaime Bellolio, director Observatorio Territorial IPP UNAB
