La reforma de salud más importante de las últimas décadas diseñó un programa para garantizar a la ciudadanía, independiente de la condición socioeconómica, lugar de residencia o previsión, que, ante la aparición de determinadas enfermedades, se le daría atención de calidad certificada, gratuita o con mínimos copagos, a lo largo de todo el territorio, y en la oportunidad que expertos definieran para asegurar el mejor resultado. Esta ley, Auge o Ges, ha significado una revolución para la población, con millones de atenciones entregadas, cumpliendo las garantías que la ley señala. La cantidad de enfermedades cubiertas llega a 87, lo que se traduce en que más del 80% de la carga de enfermedad está incorporada. El Auge incorpora también un programa de evaluación preventiva, gratuito, de acuerdo al riesgo por edad de cada persona. Este aspecto, sin embargo, no ha sido materializado y constituyen más bien la excepción quienes se practican esta batería de evaluaciones para la pesquisa de los cánceres más frecuentes, riesgo cardiovascular, consumo de alcohol problemático o deterioro cognitivo.
Lo más doloroso del incumplimiento creciente de estas garantías es no dar la atención cuando corresponde. Esta demora incide en el pronóstico de la enfermedad. Hacer una mamografía oportunamente, y tratar mediante una cirugía local un cáncer de mama da un horizonte radicalmente diferente a no hacerla y tratar el mismo cáncer, tardíamente, mediante una cirugía radical, radioterapia y quimioterapia.
El retardo en la atención oportuna, indexada como “listas de espera Auge” solo crece. Según el informe enviado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales al Congreso, al 30 de agosto sumaban 69.000 casos, con un promedio de espera de 136 días. En la tardanza, 14.500 corresponden a cáncer, destacando el sesgo contra la mujer, con 3.300 de cuello uterino y 3.567 de mama.
A esto se agrega la espera de pacientes que no son priorizados por la ley, y que alcanzan hoy a 2,4 millones de personas que requieren una consulta con un especialista. Además, 319 mil tienen una indicación de cirugía ya hecha, acumulando 446 días en promedio. Es decir, un 14% de la población espera por una atención de salud. Más delicado aún, 26.571 personas fallecieron mientras estaban en una de estas listas no Auge. Extrapolado a fin de año, esto significa que uno de cada tres chilenos fallece no habiendo recibido una atención de salud que necesita.
Estas cifras no son fríos números. Es sufrimiento, muertes evitables y ruina. Por ello, se hace imperativo avanzar en dos políticas al alcance este año. Primero, incorporar como indicaciones a la ley corta de Isapres-Fonasa las propuestas de los expertos convocados por el Senado y dar estabilidad al sistema público-privado de atención de salud. Segundo, dar status constitucional a un Plan Garantizado de Salud, exigible ante la justicia, que no es otra cosa que una ampliación del Auge. Al menos en salud, la actual Constitución está obsoleta.
Por Jaime Mañalich, médico
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