El plan de gobierno de Apruebo Dignidad dice: “Generaremos un fondo universal de salud (FUS) que actuará como un administrador único de los recursos, a través de la universalización de la cobertura del Fonasa a todas las personas que residan en el país. El FUS recaudará y administrará las cotizaciones de las y los trabajadores (7%), junto a los aportes del Estado. Con ello terminaremos con el negocio de las Isapre, …”.
Esta voluntad se refleja en espejo en la propuesta del artículo 44 de la Constitución rechazada, que decía: “El sistema nacional de salud es financiado a través de las rentas generales de la nación (impuestos). Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración de los fondos de este sistema”.
La Corte Suprema ha dado una esperanza al camino No+Isapres, sin necesidad de trámite parlamentario, y que un sector del oficialismo se empeña en defender como si fuera la última línea de un programa ya agotado. Esta iniciativa, un sistema único y estatizado de financiamiento de la salud, se transforma en una lucha de principios donde la racionalidad sanitaria o económica tiene poco espacio para prevenir lo evidente, advertido por el propio Presidente en el mensaje de la “Ley corta”: “la eventual insolvencia o incumplimiento de indicadores de las Isapre puede precipitar una crisis en el sistema privado de financiamiento de salud que exponga la sostenibilidad del sistema sanitario en su conjunto, incluidos prestadores públicos y privados”.
Este conflicto, estatizar directamente el sistema de salud, o generar una legislación acorde a lo que se acuerde mediante plebiscito en una nueva Constitución, ha llevado a falta de acuerdo en la Comisión Experta; derivado en una peligrosa disquisición respecto a la validez jurídica del dictamen de la Corte Suprema, al punto que se ha citado a un Pleno, para dar una señal de unidad y solidez. En el entretanto, los cotizantes de Isapres sanos migran a Fonasa, destruyendo la naturaleza de seguro solidario de las Isapres, quienes prestan servicios de salud no reciben sus ingresos, y se suceden declaraciones incendiarias, que angustian a quienes tiene más necesidades.
Algunas tesis: el fallo de la Suprema, de facto, produce cosa juzgada; el cálculo de devoluciones de la Superintendencia es probablemente erróneo y debe ser validado al menos por la Contraloría; la ley corta debe mantener en excedentes el monto adeudado y ser entregado solo como prestaciones de salud (copagos, fármacos); la asimilación a cobertura AUGE del gasto en menores de 2 años no está incluido en la Tabla de Factores del 2019 y debe ser corregido.
Aquello que se debe proteger es la salud de las personas. El derrotero que ha tomado este conflicto, en el cual incluso autoridades de gobierno se contradicen públicamente o aparecen vocerías que solo confunden, es un error. Los protagonistas deben calmarse y hacer de verdad un pacto social por el partido de los enfermos.
