El Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), también llamado Licencia Médica, ha sido concebido como un instrumento de recuperación para algún trabajador que padece una enfermedad y pueda reposar mientras sana, manteniendo un ingreso monetario. El financiamiento de este beneficio proviene, salvo en el caso de enfermedades profesionales, de la contribución obligatoria del 7% de la renta del empleado a Isapres o Fonasa; y en el caso del seguro público, también de impuestos generales.
El problema es que el uso de licencias se ha expandido de tal manera, que compromete los recursos para otras atenciones de salud. Es decir, una licencia no ajustada a una necesidad real, implica más listas de espera y sufrimiento para quienes requieren una solución no adecuadamente financiada. A partir del año 2023 se observa por primera vez una reducción del gasto, a $2,9 billones, desde $3,2 billones el año anterior. Asimismo, la porción de la cotización del 7% necesario para financiar un subsidio cayó de 4,9 a 3,7%.
Frente al potencial uso ineficiente de recursos, es decir, otorgar beneficios sin una clara justificación clínica, se ha legislado, y la ley que sanciona esta situación se usa crecientemente mediante mecanismos administrativos, como es la solicitud de antecedentes por el Compin, o denuncias a la Fiscalía si se presume delito, situación ampliamente difundida por los medios. Pareciera que esta es la causa fundamental para el quiebre de tendencia del incremento del SIL, dado que el efecto Covid ya no estaba presente en 2022. Está cerca de promulgarse una reforma legal que aumenta las sanciones. Estos instrumentos están bien encaminados para las mafias que suplantan identidad, inventan enfermedades, o entregan licencias sin mediar una consulta.
Sin embargo, aparecen efectos adversos. Los profesionales deben ahora dedicar tiempo importante a responder requerimientos administrativos, pueden quedar suspendidos de entregar subsidios durante la investigación, y desde luego, el foco está solo en los grandes emisores y no previene el microtráfico.
Nuestro país debe asumir una reflexión de cambio estructural respecto a la licencia médica. Una reforma presentada al Congreso busca transferir la tarea de gestión a Fonasa. No parece una medida correcta. Más bien debería apuntarse a cuál es la tasa de sustitución de la remuneración adecuada, qué especialistas están facultados para qué tipo de permisos, cuál es el organismo único que maneja el fondo para licencias y su gestión, sean estas Isapre, Fonasa o Laborales.
Independiente de todo lo anterior, casi la mitad de los permisos se originan en trastornos de salud mental. Esto implica un enfoque complementario. ¿Cómo hacer de la salud psicológica una verdadera prioridad de política pública? El reporte sobre Índice de Felicidad Mundial 2025, que pone a Chile en su peor posición desde que se mide, hace pensar que aquí, el uso de licencia médica es solo un epifenómeno de algo muy profundo. ¿Por qué somos un país (in)feliz?
Por Jaime Mañalich, médico
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