Resulta evidente que asistimos a una reforma del sistema de salud de facto. Después de largos años, y múltiples proyectos detenidos en el Congreso, los tres dictámenes de la Corte Suprema sobre precio base, tabla de factores y prima Auge tienen un impacto refundacional. La demora del legislador se explica porque persiste una pregunta no resuelta: ¿Debe Chile tener un sistema de aseguramiento esencialmente estatal, como proponía la Constitución del 2022, o debe haber una coexistencia de seguros privados y públicos? Este desacuerdo frena cualquier iniciativa, que el opositor en cada caso interpreta como una consolidación del modelo que antagoniza.
Por lo pronto, cientos de miles de afiliados se desplazan a Fonasa, la fragilidad del sistema Isapres es evidente y difícil de equilibrar, toda vez que ya experimenta pérdidas significativas al primer trimestre, quedado aún por asumir el impacto de la devolución de los cobros en exceso sobre la tabla de factores oficializada en abril de 2020. Es probable que algunas aseguradoras enfrenten dificultades terminales, y aparezcan otras con planes más caros y menos cobertura.
Respecto a una potencial gran reforma, el horizonte no es favorable, como lo insinuara la propia vocera de gobierno. Pareciera que en octubre habrá algún mensaje del Presidente que se enfoque en dos puntos: el término de la declaración de salud que limita la movilidad hacia o entre Isapres, más una regulación de los seguros complementarios, que hoy crecen vigorosamente en prima y afiliados, buscando para ellos una lógica más cercana a la que hoy caracteriza a la Superintendencia de Salud, como impedir el término unilateral de los contratos por las compañías, la declaración de enfermedades, o los mecanismos de reajuste.
Es poco alentador que, en estas semanas, se hayan definido dos caminos paralelos para la elaboración de cualquier avance. El Senado convoca a una comisión asesora transversal, a cuyo inicio no concurrió la ministra, en un gesto que dice más que cualquier declaración; y el oficialismo ha exigido al mismo Ministerio elaborar un proyecto propio, con participación solo de partidarios.
La reforma imprescindible, más radical, como es un profundo cambio a Fonasa, que es ya un seguro cuasiuniversal, monopsónico e ineficiente, no está en el horizonte cercano, salvo menciones vagas que podría anticipar algún proyecto de poca envergadura en 2025.
¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Los dos mecanismos de ajuste que tiene el sistema de salud chileno, las listas de espera y el gasto de bolsillo, solo empeoran, acentuando una política regresiva y dolorosa, que produce muertes, sufrimiento y ruina.
Los militantes del partido de los enfermos son pocos, y los propios pacientes no marchan. El sufrimiento por la mala salud debe expresarse en las urnas. Una víctima colateral de no penalizar la abstención electoral es que menos personas afectadas por malas políticas sanitarias, los más frágiles y vulnerables, participarían. ¡No al voto voluntario!
Por Jaime Mañalich, médico
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