Es cierto que la agenda transformadora del gobierno ha enfrentado dificultades. El programa estaba contenido en el proyecto de nueva Constitución, rechazado el 4 de septiembre del 2022. Sin embargo, se ha seguido replanteando, a través de proyectos de ley o mecanismos administrativos, aspectos centrales de dicha agenda, como, por ejemplo, el aborto libre, el derecho a eutanasia, o el término de las Isapres. Este último esfuerzo ha contado con un aliado crucial, la Tercera Sala de la Corte Suprema, que en un acto cuasi legislativo, ha dictado diferentes fallos que atañen al precio base que cobran las aseguradoras, la prima AUGE, y la aplicación de la tabla de factores por edad sancionada por la Superintendencia de Salud en abril del 2020.
A este fallo siguió una larga tramitación de una ley “corta” de Isapres, que da más atribuciones a Fonasa, el interés central del Ejecutivo, y produce un certificado de defunción a las aseguradoras, cuyo componente más ruinoso es la obligación de devolver a los afiliados, en un plazo que puede llegar hasta trece años, los valores cobrados en exceso sobre la mencionada tabla de factores. Resulta paradójico ahora que esta ley, cuyo trámite fue ampliamente publicitado, reciba una suerte de crítica de quienes la aprobaron, recordando la letra de una conocida canción: “Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda todos a volar y diles que yo no fui”.
La coherencia del gobierno para avanzar en el esfuerzo de estatizar el sistema de financiamiento de la salud, sin pausa, sin prisa, pero consistentemente, merece reconocimiento. No es poco que toda presentación de autoridades del seguro público contenga hoy un nuevo lenguaje: “Un país, una salud”. Sin necesidad de una larguísima discusión legislativa, se va cumpliendo una promesa de campaña mediante una reforma de facto. El riesgo es grande, por cuanto una parte significativa del ingreso de profesionales y centros privados, que realiza la mitad de las atenciones de beneficiarios de Fonasa, ha sido viable precisamente gracias a esta suerte de subsidio implícito que las Isapres han otorgado a través del pago de atenciones a sus beneficiarios.
¿Qué viene? Las Isapres seguirán disminuyendo rápidamente sus afiliados, migrantes a Fonasa, institución que a contrarreloj debe implementar la modalidad de cobertura complementaria autorizada en la ley corta, licitando colectivos de beneficiarios a las compañías de seguro que participen de este mecanismo. Estos seguros ya experimentan un vigoroso crecimiento, como mecanismo de financiación de los copagos por la insuficiente cobertura del seguro público, en una carrera contra el tiempo, para lograr la máxima participación de mercado antes que se materialice el mecanismo de cobertura complementaria autorizado en la ley corta. Los profesionales y centros de salud deberán reducir sustancialmente sus costos para sobrevivir. En el intertanto, las listas de espera seguirán creciendo hasta que, quizás, exista un anhelado acuerdo político para que se defina de una vez cuál es el sistema de salud que debe tener Chile.
Por Jaime Mañalich, médico
