Esta semana, una delegación de alto nivel del Estado de Chile estará en Ginebra para participar en un diálogo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el órgano encargado de velar por la adecuada implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Esto no es un mero trámite: es el primer diálogo del Estado desde 2014 con este Comité, que analiza una amplia gama de derechos, desde la libertad de reunión pacífica a la no discriminación, del trato de personas privadas de libertad a los derechos de las minorías, entre otros.
Las sesiones entre Chile y el Comité de Derechos Humanos permitirán entablar un diálogo constructivo con especialistas internacionales, quienes formularán recomendaciones concretas sobre cómo robustecer la protección de los derechos humanos de todas las personas en el país, lo que a su vez contribuye a la consolidación del Estado de derecho y sus instituciones.
La delegación de Chile estará encabezada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, en una señal de la importancia que el país atribuye al proceso. El informe del Estado fue enviado al Comité en el 2021, entonces bajo un gobierno de otro signo, una situación normal en este tipo de instancias por cuanto la política de derechos humanos es, y tiene que ser, una política de Estado.
Resulta fundamental que las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos sean entendidas de esa manera, como un resultado de largos procesos civilizatorios, cuyo objetivo es sustituir la “ley de más fuerte” por un sistema de normas que garantice el respeto a la dignidad inalienable de cada ser humano. Así, a través de los siglos se han logrado extender estos derechos de forma gradual desde quienes detentan el poder al resto de la sociedad.
Pese a los avances, en América Latina aún estamos lejos de la igualdad sustantiva. Siguen siendo los más desfavorecidos a quienes se tiende a no reconocer su legitima titularidad a la vida, indemnidad física y psíquica o el debido proceso, entre otros derechos civiles y políticos. Y esto es especialmente notable en el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tales como el derecho a la salud, la educación o la vivienda.
El respeto a los derechos humanos es fundamental para cada ser humano a nivel individual, ya sea persona adulta o niño, niña o adolescente, de ascendencia europea, indígena o africana, empresario u obrero, nacional, migrante o persona LGBTI. Pero es también imprescindible para el mantenimiento de cierta cohesión social que permita la convivencia en sociedades cada vez más complejas y diversas. Aprendimos algunas lecciones históricas, entre ellas, que los intentos de contraponer la defensa de los derechos de unos en contra de los derechos de los “demás” suelen terminar mal para las sociedades en su conjunto.
Después de una década vertiginosa, con sus altos y bajos, el diálogo con el Comité es una oportunidad valiosa para que el Estado de Chile avance en sus obligaciones internacionales de derechos humanos y el compromiso de no dejar a nadie atrás.
Por Jan Jarab, Representante de ONU Derechos Humanos para América del Sur.
