Columna de Javier Salinas: De la reforma de pensiones, la institucionalidad del IPPA y riesgos políticos

La reforma previsional presentada por el gobierno hace algunas semanas sigue dando de qué hablar. Ésta contiene varias propuestas interesantes que incrementarían las pensiones, cuenta con políticas redistributivas e incorpora mayor ahorro que conllevaría a un aumento en los flujos hacia el mercado de capitales en el mediano plazo.

Sin embargo, uno de los puntos que ha causado aprensiones es la institucionalidad del Inversor Previsional Público Autónomo (IPPA), el ente encargado (entre otras cosas) de administrar los recursos provenientes del 6% de las contribuciones realizadas por los empleadores, en un contexto de un fondo colectivo con cuentas nocionales (es decir, donde no hay propiedad de los afiliados por sus aportes, y donde el registro de cuentas no refleja el monto efectivo del fondo colectivo, lo que provoca un descalce).

Como ya lo he mencionado en pasadas ocasiones, esta institucionalidad debería salvaguardar la autonomía de este ente de las decisiones políticas para asegurar, entre otras cosas, su sustentabilidad en el largo plazo. Sin embargo, de ser aprobada la propuesta tal cual está escrita hoy, este nuevo ente distaría de contar con una solidez institucional como la de, por ejemplo, la del Banco Central —aunque cabe destacar que cuando el Banco Central inició su autonomía, dada la historia inflacionaria de Chile y la histórica disposición de éste a financiar al gobierno, existían dudas acerca de cómo se aseguraría su independencia, elemento que hoy en día nadie pone en duda—, en al menos tres elementos: el rango jurídico-institucional del IPPA, su directorio y su supervisión, por lo que su autonomía nacería renga.

El primero, debido a que lo que se propone es una ley de quorum calificado, y no una Ley Orgánica Constitucional con respaldo de su autonomía con rango constitucional, por lo que un gobierno con mayoría parlamentaria podría modificar este marco legal. El segundo, debido a que los miembros del directorio (los que serían siete) tienen una duración de seis años en su cargo, y la rotación se daría cada tres años (en un bloque de tres y otro de cuatro), lo que no lo aísla eficientemente del ciclo político. El tercero, debido a que este ente sería supervisado por la Superintendencia de Pensiones, cuya cabeza es elegida por el presidente sin necesidad de ratificación del Congreso.

Esta reforma previsional es de alta complejidad. Sin embargo, más allá de las complejidades técnicas, una institucionalidad débil en un entorno de severas presiones sociales podría tentar al mundo político a hacer uso de sus recursos para fines cortoplacistas, poniendo en riesgo la sustentabilidad del fondo en el largo plazo y con ello las pensiones futuras y la sustentabilidad fiscal, lo que, además, tendría repercusiones en el mercado de capitales. Si bien esto no quiere decir que esos riesgos efectivamente se materialicen, las materias previsionales se planean para el largo plazo, y este nuevo sistema de pensiones (si se aprueba) verá pasar numerosos ciclos políticos.

La reforma no está escrita en piedra, así que hay tiempo suficiente para que cambien estas fuentes de vulnerabilidad.

* El autor es economista jefe de LarrainVial Research.