Columna de Javier Salinas: El incierto futuro de la agenda legislativa del gobierno ante el resultado del plebiscito

Con el resultado del plebiscito de salida del domingo, la constitución actual continúa vigente por ahora. Y si bien hay muchas aristas y consecuencias políticas a analizar en este marco, hay uno que creo que es de vital importancia para el bienestar del país: la viabilidad de la agenda legislativa del gobierno en materias económicas y sociales ante este nuevo escenario.

El contexto político cambió, y así como en la naturaleza la adaptación es necesaria para evitar la desaparición, la agenda de reformas requerirá hacerlo también. Probablemente el cambio más importante en el contexto político es que ahora el Congreso comenzará una intensa discusión en torno a qué camino tomarían los futuros cambios institucionales. Entre ellos estarían llamar a otra convención, convocar a una comisión de expertos, o simple y llanamente llamar a un nuevo plebiscito para consultar a la gente qué opción prefieren. Si bien esta última opción le daría soporte democrático de origen al diseño institucional sobre el cual se elabore la nueva propuesta constitucional (lo que no exime la necesidad de un plebiscito de salida a ninguna opción), también implicaría que el Congreso tendría que ponerse de acuerdo en no una, sino dos o tres veces (una por cada propuesta a plebiscitarse). En esto no hay una idea homogénea al interior de los cuerpos legislativos, y el quorum que requiere para aprobarse son 4/7 en ambas cámaras. Así, la agenda legislativa del gobierno corre el peligro de ahogarse en medio de la discusión constitucional.

Ante este escenario, el gobierno tendría, en mi opinión, al menos dos opciones (las cuales no son mutuamente excluyentes) para impulsar su agenda legislativa con éxito. La primero de ellas es un renuevo de su gabinete (en línea con lo anunciado por el presidente en su discurso de anoche): lograr un gobierno de mayor unidad (integrando personas de otras sensibilidades políticas), con figuras políticas con más experiencia tanto técnica como en las negociaciones en el Congreso, podrían facilitar el diálogo con éste para llevar a cabo las reformas; aunque el “costo” de ello sería una nueva moderación de las propuestas. La segunda es un cambio de discurso, el cual esté basado en la mejora del bienestar social más que en un proyecto ligado a la nueva constitución. Si bien esto pareciera más bien cosmético, podría dar tracción a las reformas en la esfera social, y desde allí incrementar su viabilidad política.

Haciendo un poco de historia, muchos interpretamos que los acontecimientos del 18 de octubre se dieron en un contexto de descontento en torno a la situación económica y social de las familias, aunque la solución para estos males (interpretada con posterioridad) se habría enfocado casi en su totalidad en un cambio de constitución. Sin embargo, en mi opinión, es posible dar solución a estas problemáticas desde la infraestructura constitucional vigente. De hecho, parte importante de la agenda legislativa de este gobierno es factible bajo la constitución actual, como la reforma tributaria, la previsional y la reducción de la jornada laboral (aunque no es tan claro en el caso de la reforma de salud).

El resultado del plebiscito es una nueva oportunidad para que este gobierno se reinvente en forma y fondo. A éste le quedan más de tres años, pero no hay tiempo que perder, porque éstos pueden ser fugaces.

*El autor es economista jefe de LarrainVial Research