Columna de Joaquín Vial: Minería del cobre y finanzas públicas

Días atrás, la Dirección de Presupuestos publicó que el precio de referencia para el cobre en el Presupuesto de 2023 será 374 centavos de dólar la libra. Este amplía algo los espacios de gasto público sin comprometer la solvencia fiscal, pero no es un cambio dramático: es solo 5% más que el precio usado para el Presupuesto actual cuando se descuenta la inflación. Por otra parte, los ingresos estructurales del cobre han venido perdiendo importancia para el Fisco. Las perspectivas a plazos más largos son preocupantes, no tanto por el precio, como por la evolución de los costos y la producción de cobre en Chile. Esta última se ha estancado, fluctuando en torno a 5,7 millones de toneladas en los últimos 15 años.

Los costos de una faena minera evolucionan con forma de U a lo largo de su vida útil. Cuando se comienza a extraer mineral se debe sacar mucho material inerte y poco mineral, hasta que se llega a las partes más ricas del yacimiento. Luego, a medida que la mina “envejece”, se debe ir cada vez más lejos para sacar el mineral, su ley comienza a bajar y los costos por unidad de mineral extraído comienzan a subir, hasta llegar al punto en que ya deja de ser negocio y se debe cerrar la mina. Los cambios tecnológicos permiten postergar este proceso, rebajando costos en extracción y procesamiento, manteniendo utilidades y alargando la vida útil del yacimiento. Ejemplo de ello son grandes minas como El Teniente y Chuquicamata, que tienen más de 100 años de antigüedad.

De todas maneras, a la larga, para sacar la misma cantidad de cobre, hay que procesar más material, usar más energía y agua, etc. Para ello se deben realizar grandes inversiones y los recursos se enfocan en aliviar esas restricciones en vez de expandir la capacidad de producción, a diferencia de lo que ocurre con los yacimientos nuevos.

¿A qué viene todo esto, y cuál es la relación con las finanzas públicas? Muy simple: el gran desafío de la minería chilena en los próximos años será mantener los actuales niveles de producción y contener los aumentos de costos por el envejecimiento de las actuales operaciones mineras. Si la producción cae o los costos aumentan, los ingresos fiscales de la minería disminuirán, lo que podría ocurrir incluso si el precio del cobre sigue subiendo. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con los aportes al Fisco de Codelco, ajustados por los cambios cíclicos del precio del cobre en las últimas décadas: ellos han bajado desde un promedio de 1,3% del PIB en los 90 y 2000, a 0,9% en la década de 2010. ¿Por qué Codelco y no toda la minería? Principalmente, porque la mayor parte de la producción de Codelco viene de yacimientos antiguos, mientras que la mayor parte de la producción de la gran minería privada proviene de yacimientos relativamente “jóvenes” (entre 20 y 30 años de antigüedad). Aun así, las grandes inversiones privadas en la última década han sido “defensivas”: construcción de plantas desalinizadoras, ampliación de la capacidad de tratamiento de material para compensar bajas de leyes, etc.

Una consecuencia importante de todo esto es que el PIB minero en Chile, por unidad de capital, ha venido bajando sistemáticamente desde el fin del ciclo de altos precios de mediados de los 2010. Esta y otras mediciones sugieren que la productividad del sector viene cayendo y, con ello, su capacidad de generar utilidades y pagar impuestos.

Claramente esta es una actividad que ha “madurado”, y sin un cambio en la tendencia difícilmente va a seguir aportando al Fisco como lo hizo en el pasado. Para evitarlo, hay dos caminos: por una parte, acelerar mejoras en tecnología y eficiencia, algo que igual las empresas grandes han venido haciendo porque han tenido los recursos y los incentivos para ello. Por otra, habría que “rejuvenecer” la minería con un flujo continuo de proyectos nuevos de escala mediana y grande, lo que geológica y técnicamente es posible (Chile posee más del 20% de las reservas globales de cobre). Desgraciadamente esto contrasta notoriamente con el flujo de proyectos mineros nuevos que han completado sus permisos en la última década.

Si no hay cambios, es muy probable que en algunos años Hacienda no necesite consultar a expertos sobre sus proyecciones del precio del cobre, ya que los aportes del sector al Presupuesto no justificarán un tratamiento especial.