Columna de Jorge Araya: Nuevo ministerio, un avance notable en seguridad
La Comisión Mixta de Seguridad, integrada por diputadas(os) y senadores(as) llegó a acuerdo al unificar las visiones de gobierno, Cámara de Diputados y Senado respecto del proyecto que crea un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. La iniciativa registra una larga historia, desde el proyecto enviado el 2006 por la Presidenta Bachelet, pasando por el que presentó el Presidente Piñera en septiembre de 2021, hasta un largo proceso de discusión posterior que aún no se agota.
En el actual Ministerio de Interior y Seguridad Pública conviven funciones y organismos de variada naturaleza: el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos de Desastres (Senapred), las labores de Extranjería, el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación en Drogas, el apoyo a la descentralización y correcto funcionamiento de dieciséis regiones y 346 comunas y, tal vez lo más complejo, la jefatura de gabinete destinada a procurar una gestión coordinada y una adecuada gobernanza en un contexto cada día más complejo.
No es ni era razonable que la preocupación número uno de los chilenos -la seguridad- tenga que luchar por un espacio en la agenda de autoridades ocupadas de múltiples temas. En este sentido, el acuerdo de la Comisión Mixta es una buena noticia: destraba dieciocho años de indecisión y ofrece un acuerdo, en tiempos en que los acuerdos se han hecho escasos.
Si este acuerdo prevalece, tendremos un ministerio especializado para “colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público, la prevención del delito y la protección de las personas en materias de seguridad”.
La Subsecretaría de Seguridad Pública tendrá como eje central de su trabajo la dirección de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (FOSP), que “dependerán en forma obediente y no deliberante del Ministerio de Seguridad Pública”. Se consideran entre sus labores la supervisión en la gestión presupuestaria de las FOSP y la supervigilancia de los planes operativos de ambas policías.
Especial relevancia le da el acuerdo a la función de elaboración de políticas, planes y programas los que deberán basarse en evidencia y ser evaluados periódicamente, bajo la responsabilidad última de quien encabece el nuevo ministerio.
Por su parte, la Subsecretaría de Prevención del Delito queda ratificada, en su rol técnico, como entidad especializada en la “promoción de la seguridad, la prevención y reducción del delito, el desarrollo de capacidades y el ejercicio de facultades regulatorias sobre entidades coadyuvantes o complementarias para el resguardo de la seguridad pública”.
La nueva institucionalidad, aunque deje algunos asuntos pendientes, constituye un avance notable: otorga atribuciones efectivas a las autoridades de este ministerio para recabar antecedentes e involucrar en seguridad a instituciones públicas y privadas. Con ello se da una señal de acción mancomunada, como hace algunos años, cuando la pandemia dio paso a un estado de excepción que hizo posible coordinar recursos públicos y privados por el bien de todas y todos. La propuesta de este nuevo ministerio es una señal de liderazgo necesaria para avanzar hacia una nueva etapa en materia de seguridad.
Por Jorge Araya Moya, académico de la Universidad de Santiago y ex director de Seguridad Pública
