Columna de Jorge Araya: Seguridad sostenible

En abril de este año un reporte de Europol daba a conocer que en Europa operan 821 bandas de crimen organizado, la actividad –se señalaba- tiene unos 25 mil miembros activos. La ministra de Interior de Bélgica, Annelies Verlinden, presentando los antecedentes, señalaba: “Los mercados ilegales de drogas son una de las principales fuentes de violencia dentro de la UE, y también una de las principales fuentes de ingresos de las organizaciones criminales en la UE”.

El 2023, la Oficina Contra las Drogas y el Delito de ONU, entregaba su Informe Global de Homicidios, dando cuenta de un total de 458.000 víctimas de homicidio en el mundo, en cifras de 2021. Según Insight Crime, el 2023 las víctimas en América Latina y El Caribe llegaron a 117.492; el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de madera, se repiten en los diversos reportes.

El incremento de la criminalidad es un fenómeno mundial. En Chile, se traduce en un aumento sostenido en las cifras de homicidios; más robos con violencia o intimidación, y la presencia de delitos ajenos a la realidad delictual tradicional del país: secuestros, extorsiones, trata de personas, sicariato, entre otros.

Hay solo dos maneras de enfrentar el fenómeno: atender a las causas o factores de riesgo que están en el origen de estos comportamientos, o reaccionar con todas las fuerzas de la ley y el Estado de Derecho para perseguir y reducir la criminalidad. En ambos casos se requieren instituciones preparadas, políticas públicas pertinentes, eficiencia, eficacia y unidad. La unidad en nuestro caso nos habla de sostenibilidad, no ahora ante el cambio climático, sino frente a la amenaza del populismo, la improvisación y la falta de continuidad que requiere cualquier política seria para mostrar resultados.

Tanto en el ámbito preventivo como en el de control, esta crisis nos encuentra mal preparados. El origen de los comportamientos delincuenciales se relaciona con una infancia descuidada, privaciones básicas en el desarrollo, deserción escolar, consumo de alcohol y drogas o convivencia cotidiana con el mundo delictual. Y en este contexto, hay más de 24 mil niños vulnerables en listas de espera para Mejor Niñez y, luego de la pandemia, más de 50 mil NNA no se han integrado al sistema educativo. Un informe de la OEA del año 2019 nos situaba en el primer lugar de América en consumo de marihuana, con un 30% de prevalencia.

Si atendemos a la situación de las instituciones responsables frente al delito, Chile registra 230 carabineros por cien mil habitantes, mientras que el promedio internacional es de 280, de acuerdo a datos de Athenalab. Contamos con 791 fiscales a nivel nacional, una cifra desde todo punto de vista insuficiente, si se tiene en cuenta que alrededor de un 63% de las causas tienen una “Salida no judicial”, es decir, quedan archivadas sin investigarse. Según un análisis del CEP, los recintos penitenciarios tienen un nivel de ocupación de un 135% respecto de su capacidad, y una cifra de reinserción casi nula. En cambio, sí hay antecedentes de que muchos de sus ocupantes se mantienen vigentes en el mundo delictual.

En la actualidad el Congreso debate 32 proyectos de ley en materias de seguridad. Por su parte, el gobierno despliega una “Política Nacional contra el Crimen Organizado”, un “Plan Calles sin Violencia” o un nuevo “Sistema Nacional de Seguridad Municipal”. Todas las iniciativas son plausibles, pero ninguna tendrá la capacidad de cambiar el rumbo delictual del país si no se cuenta con instituciones capaces de hacer realidad los objetivos.

Las políticas públicas pueden describirse como una hipótesis de trabajo: si tienes un problema de desnutrición infantil, implementas un programa de alimentación en colegios y consultorios, esperando alcanzar una solución adecuada. Las políticas y programas en seguridad deben asumir el mismo desafío: declarar expresamente en qué problema se enfocarán y cuál es la promesa de resultados.

No servirá una promesa desmedida de éxito en menos de un año, pero la inquietud reinante en el Chile actual no esperará más de dos años para hacer un balance final.

Por Jorge Araya Moya, ex director de Seguridad Pública, académico de la Universidad de Santiago