Columna de Jorge Barrera y Fernando Peña: Desmunicipalización, Servicios Locales y Atacama: la pelota al piso

El paro que mantiene a más de 30 mil estudiantes sin clases en las comunas de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro ha generado toda clase de críticas al proceso de desmunicipalización normado en la ley 21.040. Las críticas van desde el diseño del proceso, que crea los Servicios Locales de Educación (SLEP) en reemplazo de la administración municipal, pasando por la gestión actual del Mineduc en la contención de la crisis; lo que ha motivado distintas reacciones, entre las más discutibles, aquellas que sugieren la interrupción en la implementación de los SLEP, e incluso, el retornar la gestión municipal amén del fracaso de la Nueva Educación Pública.

¿Qué sugiere la evidencia disponible? Los informes anuales del Consejo de Evaluación del nuevo Sistema de Educación Pública junto con el Estudio de Planificación de la segunda etapa de implementación de la ley 21.040 elaborado por CLAPES UC (marzo 2021), coinciden en la necesidad de mayores niveles de gradualidad en la implementación de los SLEP, lo que ha llevado a postergar el calendario de implementación desde 2025 al 2029. No conocemos estudios o investigaciones especializadas que sugieran interrumpir la implementación de los SLEP o volver a la administración municipal ¿Significa que la reforma debe seguir su curso sin ningún ajuste? Por supuesto que no.

En primer lugar, la crisis de Atacama ha develado lo evidente: la severo déficit profesional y directivo en la provisión de los concursos para muchas regiones. Es urgente revisar la construcción de los perfiles que realizan los Comités Directivos y mejorar el proceso de selección que realiza el Sistema de Alta Dirección Pública en conjunto con la Dirección de Educación Pública (DEP).

En segundo lugar, la amenaza de captura o politización de su gobernanza, que dicho sea de paso, fue una de las principales razones para desmunicipalizar la educación, habida cuenta de las sobredotaciones que muchos alcaldes realizaban en desmedro del servicio educativo. A lo anterior, se suma la poca claridad en la relación con los actores gremiales. No es razonable que para algunas cosas los directores ejecutivos tengan poder de negociación y, para otras, sea un asesor gremial en la DEP quien asuma dicho rol.

Lo tercero tiene relación justamente con esto, toda vez que los SLEP fueron creados por ley como servicios descentralizados, sin embargo, para su funcionamiento y sostenibilidad financiera tienen una alta dependencia del Mineduc. La auditoría realizada en 2022 que habilitó el proceso de remoción del Director Ejecutivo en Atacama fue realizada justamente por el Mineduc en su rol de órgano rector del sistema escolar en Chile, lo que refuerza la importancia de aclarar los niveles de dependencia que tienen los SLEP respecto al resto de la institucionalidad.

Todo indica que lo que ocurrió en Atacama no es un síntoma generalizado en el resto de los SLEP ya instalados, lo que no implica desconocer los problemas vinculados a la implementación. Lo prudente ahora es escuchar todas las propuestas de mejora, y buscar salidas más audaces a las ya planteadas, de lo contrario, habrá que decidir entre la interrupción o suspensión de los SLEP, o en su defecto, maquillar con medidas superficiales el desarrollo de esta política pública. Si esas son las opciones para el mundo político, está claro entonces que el fracaso de la Nueva Educación Pública es inminente.

Jorge Barrera Rojas y Fernando Peña Rivera, académicos Universidad San Sebastián.