En la semana que termina, como era natural, el debate político se centró en la forma y modo en que debemos afrontar los efectos políticos y jurídicos de la clara manifestación de voluntad ciudadana que rechazó la afiebrada propuesta constitucional que nos hicieran los convencionales. Los extremos de ese debate están ubicados entre aquellos, afortunadamente pocos, que estiman que nada hay que alterar del texto vigente y los otros que no leen la derrota y pretenden repetir el ejercicio bajo los mismos supuestos: hoja en blanco, desprotección de los partidos, escaños supranumerarios sin ninguna proporcionalidad.
La ciudadanía ve con esperanzas que esas minorías intensas sean sustituidas por la moderación y la racionalidad a la hora de salir del intríngulis en que nos encontramos, y que se haga sin atolondramientos, y sin postergaciones mañosas.
Sin perjuicio de la relevancia del debate anterior, surgieron otras cuestiones de indubitable trascendencia para el país. Una de ellas es particularmente significativa: se ha sostenido que en Chile el Estado de derecho está puesto en jaque. Y no lo ha dicho un convencional jubilado, ni un parlamentario berreta, lo sostuvo ni más ni menos que la portavoz del más alto tribunal de la República, quien tiene el mandato para hablar por el colectivo de que es miembro. Por el gobierno contestó el subsecretario del Interior, portavoz recurrente y avezado en materias de seguridad. Y cómo contestó: sí, está en jaque desde hace mucho tiempo. No hay controversia en el fondo, el Estado de derecho está amenazado, en peligro, la discusión parece ser desde cuándo.
Convengamos que si dos autoridades, con funciones importantísimas a la hora de la vigencia y aplicación de las reglas que conforman lo que generalmente se acepta como Estado de derecho, lo ponen en duda producto de una criminalidad descontrolada, estamos en un severo problema.
Un ruego ciudadano. Háganse cargo, no es suficiente la honestidad descriptiva, es indispensable tomar las medidas que corresponda, dejar atrás las señales equívocas, llamar las cosas por su nombre: el Estado de emergencia es eso, sin apellidos culposos; los saqueadores son eso, no un grupo de descolgados de una marcha pacífica. Puede ser un comienzo.
Bien nos vendría también apurar leyes pendientes, como la propuesta de una nueva estructura de inteligencia, que lleva cuatro años de farragoso trámite; la creación de un Ministerio de Seguridad de giro único, las disposiciones legales para modernizar nuestras policías, una ley sobre seguridad privada, que agrupa a miles de personas y está construida sobre meros decretos; Un Código Penal al día, no el vetusto que nos rige, con altas penas teóricas, pero no efectivas.
La tarea es enorme, pero impostergable.
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