Es cierto que el intento de un acuerdo transversal en materia de seguridad quedó dañado por las esquirlas de la decisión presidencial de indultar a reos rematados, sin embargo, resulta indispensable retomar el derrotero del acuerdo, es demasiado acuciante el problema de la seguridad para dilatarlo.
Entre los puntos más trascendentes de ese acuerdo está la necesidad de reformar la institucionalidad y la gestión de inteligencia. Ello en democracia nunca es fácil, está el riesgo que lo que se intenta mejorar termine en un fracaso absoluto, se preste a abusos de poder e incluso provoque mayores vulnerabilidades en materia de seguridad. Esto es aún más grave, porque los problemas que se pueden provocar no se corrigen ni legislan con fluidez. Por ello, la primera condición para una reforma de este tipo es generar un diálogo serio, evitando la improvisación y las malas decisiones, contando con la opinión fundada de las instituciones que conforman el actual sistema de inteligencia y sumando las experiencias de la legislación comparada mundial y regional. Preocupa que, en lugar de ello, el gobierno esté buscando instalar la figura del “zar de la inteligencia” que ya fue insinuado por la ex ministra del Interior, Izkia Siches, sin considerar si esto contribuye a elevar y actualizar las capacidades de inteligencia en el país.
El subsecretario del Interior adelantó, hace unos días, que en la segunda quincena de enero se ingresarían indicaciones al proyecto de ley sobre inteligencia actualmente en trámite en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Pese al hermetismo que había mantenido La Moneda, señaló que se propone crear “una institución civil que dependa del Presidente y que tenga tareas concretas de seguridad, como estar obligado a dotar -con consulta a otros estamentos- de una propuesta de política nacional de inteligencia. Eso lo tiene que construir alguien y será esa repartición la que estará a cargo de hacerlo. Además, deberá coordinar los servicios de inteligencia de los otros organismos, como las Fuerzas Armadas y las policías”. Por su parte, el diputado De Rementería habló de la creación de un “banco nacional de inteligencia”, lo que implicaría concentrar toda la información sensible del país en una sola mano.
Un “zar de la inteligencia” que responde a un mandato esencialmente político, con un staff cuya única función sería fijar directrices desde fuera y por encima del sistema de inteligencia, es a todas luces un riesgo mayor, en especial en un momento del país donde los resultados en materia de seguridad apremian. ¿Cuál es la necesidad para querer sacar al sistema de inteligencia de la actual coordinación técnica de la ley vigente para llevarla a la política? ¿No compromete esto el secreto necesario para que pueda funcionar la inteligencia? Esto último es especialmente sensible para las Fuerzas Armadas y las policías, donde el secreto de la ley de inteligencia se cruza con el secreto militar y, en el caso policial, con el secreto de los procesos judiciales.
Nada de lo anterior pareciera estar considerado en estos anuncios. Para mayor abundamiento, el gobierno justifica la figura de este “zar” indicando que “las instituciones que fijan la política no pueden tener labores, a la vez, operativas”. Si fuese esa la razón, las Fuerzas Armadas no podrían contribuir al diseño de la política de defensa, como lo han hecho en sucesivos gobiernos, ni Carabineros e Investigaciones podrían participar de la formulación de las políticas y definiciones referentes a la seguridad pública. Pobre argumento y de consecuencias insospechadas si termina por imponerse en el trámite legislativo. Más aún cuando vemos que las recientes detenciones de líderes e integrantes de la CAM o la desarticulación de organizaciones que se dedican al tráfico de madera son un indicador de que ya existe una inteligencia activa, funcional y coordinada, lo que sugiere que es innecesario y muy riesgoso ir hacia la concentración de la información sensible y la supra coordinación de la inteligencia con esta figura del “zar”.
La tendencia mundial es dotar de mayor perfil técnico a las funciones de cada elemento que integra un sistema de inteligencia, así como delinear la carrera funcionaria y perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas de los distintos organismos, principalmente policiales y militares, elevando los controles internos y externos. En América Latina se han ensayado diversas modalidades en esta materia, algunos han seguido el camino que parece entusiasmar en casa, como es el caso de Ecuador bajo el gobierno de Correa o Colombia con Uribe. Lo cierto es que la centralización de la inteligencia se suele dar en regímenes totalitarios o bajo gobiernos que intentan perpetuarse. Eso ya es una gran alerta.
En lo principal habría que decir que la concentración y “politización” de la inteligencia termina en un pésimo negocio para los sistemas políticos y, de paso, desacredita y desprofesionaliza los servicios, debido a una alta rotación de directivas y escándalos de diversa naturaleza, todo esto con costos altísimos para la seguridad.
Por Jorge Burgos, abogado
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