Las redes sociales, o si se quiere la tecnología, desnudaron las antiguas costumbres que suelen condicionar los nombramientos de jueces y ministros de corte, incluidos los del máximo tribunal. En efecto, los datos recogidos de WhatsApp del abogado Luis Hermosilla (caso Audio) y del exjuez Juan Antonio Poblete (Operación Topógrafo), probaron de manera contundente las gestiones e influencias para conseguir votos para los nombramientos judiciales, en las que operan intermediarios o gestores, pero también magistrados. Ha quedado al descubierto un sistema que, forzosamente, hace dudar de los criterios que prevalecen en la designación de los responsables de la administración de justicia, proceso que abarca también las gestiones para nombrar notarios, conservadores y autoridades del Ministerio Público.
El pleno de la Corte Suprema en una correcta decisión encargó a la Comisión de Ética, integrada por cuatro de sus miembros, que llevara adelante una investigación en “cuaderno reservado” sobre las implicancias de todo esto, y solicito al Ministerio Público todos los antecedentes reunidos en sus propias investigaciones que se relacionen con magistrados del referido tribunal y procesos de nombramiento, ya sean judiciales o de otra índole, pero como resultaba a todas luces previsible la Fiscalía señaló no estar dispuesta a ello.
¿Qué resultará de todo esto que no sea el cuestionamiento de las prácticas en la generación del Poder Judicial que han gravitado desde siempre? Quizás una propuesta de cambio del sistema que opera hoy, y que incluye al Senado en el caso de los nombramientos en la Corte Suprema. Esto, inevitablemente, provocará una discusión prolongada. No hay una fórmula ideal en esta materia, que excluya la influencia política o de otro tipo en las designaciones. El problema mayor es, posiblemente, la intervención de gestores o intermediadores en el proceso, una especie de “lobistas” que construyen su propio poder, opaco y al margen de todo control.
Frente a una trabajada propuesta que hiciera un grupo de connotados profesores de Derecho, respondieron algunos exmagistrados y académicos quienes sostuvieron que siempre habrá despliegue de influencias en las designaciones, y que marginar al Senado solo redundaría en que ellas se expresen por otras vías. No es reprochable, dicen algunos, que un magistrado que aspira a ascender pida apoyo para su postulación, lo criticable es la acción de los operadores que ofrecen intercambio de favores para conseguir respaldo para alguien.
La lección inmediata es que es indispensable proteger al Poder Judicial de las acciones que buscan condicionar su autonomía, lo que implica reforzar los mecanismos institucionales orientados a que la selección de los magistrados sea muy rigurosa en el terreno de la integridad moral y profesional. Chile necesita jueces probos, que resistan cualquier escrutinio público. Hay que tener a la vista los vicios producidos en otros países como consecuencia de la captura del sistema judicial por parte de intereses espurios. Los mismos resguardos se deben respecto de la generación de las autoridades del Ministerio Público.
Por Jorge Burgos, abogado
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