Si la crisis de la seguridad pública ya estaba en el primer lugar de las preocupaciones de la población, el asesinato de los carabineros reforzará la percepción de que nada es más importante que frenar la criminalidad. Es probable que muchos candidatos a alcaldes y a gobernadores se conviertan en activistas de la mano dura. Puede ser provechoso para acentuar el sentido de urgencia de las medidas del Ejecutivo, pero naturalmente habrá que poner barreras a las expresiones demagógicas, que siempre se vuelven peligrosas. El gobernador de la Región de Valparaíso y candidato a la reelección lanzó hace poco la idea de restablecer la pena de muerte, pero se vio obligado a retroceder ante las críticas de su propia gente, en hora buena.
La campaña electoral estará necesariamente marcada por el debate sobre la seguridad pública en todo el país. Y los ciudadanos valorarán los esfuerzos en favor de la unidad por encima de los partidismos. En este sentido, son inconducentes e injustas las peticiones de que la ministra Carolina Tohá y el subsecretario Manuel Monsalve dejen sus cargos. Dentro del gobierno, ellos son, y no obstante las críticas que se les puedan hacer, las personas de lejos más conscientes de la dimensión de la tarea que debe afrontarse, de lo cual son una muestra las relaciones de cooperación con las policías.
Todos los partidos están conscientes de que los resultados de octubre definirán en buena medida lo que pueda pasar en la elección presidencial del próximo año. Para el oficialismo, el desafío es mostrar que la suma de los votos de sus partidos es mayor que el 30% que aprueba la gestión de Boric en las encuestas. Como es lógico, será la votación de concejales la que revelará el peso real de cada partido. Es claro que los Republicanos aspiran a confirmar las encuestas que los ponen en posición privilegiada.
Es posible que el partido que experimente el mayor descenso en la elección municipal sea la Democracia Cristiana. Su actual influencia, luego del éxodo de numerosos militantes destacados, que luego contribuyeron a la formación de Amarillos y Demócratas o mantuvieron independencia, dista mucho de la que exhibía en 2020. Tiene 46 alcaldes y 315 concejales, y todo sugiere que el balance de ahora será muy inferior.
¿Ya es la DC un partido oficialista? Parece evidente, aunque no integre el gobierno formalmente. La actual directiva ha dado suficientes señales de que no visualiza su futuro de otra manera que no sea en alianza con la izquierda gobernante. No puede descartarse que tal opción, que incluye el entendimiento con el PC, empuje al éxodo a nuevos militantes.
Pero la campaña no puede paralizar la agenda de seguridad; la conmoción, la condena de la mayoría se expresa en la exigencia de medidas concretas, es demasiado lo que está en juego. Buena noticia en este sentido es la concreción de una nueva agenda legislativa prioritaria en materia de seguridad, donde se incluyen los proyectos de sanción al terrorismo, de las RUF y la orgánica de inteligencia. Es imperativo se actúe con sentido de Estado coordinando con el Congreso el respaldo legal a las fuerzas policiales y militares allí donde por excepción le corresponde responsabilidad, para que cumplan con su deber.
Por Jorge Burgos, abogado
