Columna de Jorge Burgos: El orden público

Por Jorge Burgos, abogado

El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior de la República conforme a la Constitución y las leyes.

Las fuerzas de Orden y Seguridad existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública.

El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público, lo declarará el Presidente de la República.

El orden público es el verbo rector de las tres normas constitucionales, que en parte cito en los párrafos precedentes (artículos 24, 42 y 101).

En esas disposiciones de la Constitución vigente -muy probablemente en sus últimos estertores- se basó la decisión del Presidente de la República al decretar estado de excepción constitucional de emergencia para una región y dos provincias de lo que se ha dado en denominar como Macrozona Sur.

Y aunque fue sin duda una correcta decisión, no le debe haber sido fácil, no solo por su reciente historia declarativa sobre el tema, sino también por la poca colaboración que en la misma tuvo de algunos partidos de la coalición oficialista -los más íntimos- y por las propias declaraciones de miembros de su gabinete, que contumazmente instalaban el concepto de delito y prisión política allí donde no hay ni lo uno ni lo otro.

Pero lo cierto y concreto, palabras más palabras menos, acotamientos, y una que otra declaración culposa por lo hecho, es que el Jefe de Estado asumió su responsabilidad, como tal, dejando atrás al diputado rebelde.

Definiciones del concepto de orden público hay cientos, pero quizás la forma más clara de entenderlo es cuando brilla por su ausencia, como ocurre en un vasto sector de nuestro territorio.

No puedo dejar de comentar que en la propuesta constitucional que nos ofrece la Convención se eliminó absolutamente cualquier remisión al orden público, creo que más que por desaprensión fue por decisión; da la impresión que les huele a conservadurismo, como si un aceptable estándar de orden público no lo necesitara cualquier Estado de Derecho, más allá del signo ideológico del gobierno elegido democráticamente. Si a lo anterior le sumamos que los convencionales decidieron suprimir el estado de emergencia, en el evento que la ciudadanía apruebe el texto y el actual Presidente se encuentre en una situación análoga a la actual -supuesto nada improbable-, es puesto en una compleja situación.

Todo pareciera indicar que los problemas de grave afectación a la seguridad pública persistirán en el tiempo, y queda atrás aquella idea ingenua de que el cambio de signo ideológico de los gobernantes traía aparejado deponer las armas por parte los violentos y de ello surgía el diálogo. Por eso, desproveer de instrumentos al Estado de Derecho es derechamente muy irresponsable.