Por Jorge Burgos, abogado
En los últimos tiempos, se han suscitado una serie de hechos que en conjunto han contribuido a demoler al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Las activas y sonoras imputaciones de complicidad con las violaciones a los derechos humanos, por negarse con fundamento a declarar que ellas fueron sistemáticas o que en Chile existen “presos políticos”; las denuncias de manipulación del número de víctimas de trauma ocular; las acusaciones de ocultar un caso de un “detenido desaparecido”; la crítica por no pedir la “refundación” de Carabineros, la toma de sus edificios por ocho meses; las continuas acciones judiciales y laborales en contra de la Dirección; la acusación de manipulación del Informe Anual 2019 en que el INDH declaró que en Chile se habían producido las más graves violaciones a los DD.HH. desde el retorno a la democracia. Y, finalmente, la Convención Constitucional que por el momento se encamina a su sustitución por una Defensoría del Pueblo.
Lo paradojal es que esta obra de demolición provino de quienes dicen ser defensores de derechos humanos. Lo anterior, hace que estemos viviendo el ocaso de una institución de enorme gravitación pública, y que contribuyó activamente no solo para cumplir su misión institucional tras el 18 de octubre, sino que también fue importante en cautelar la convivencia democrática.
Uno de los hechos más graves fue la imputación de un ex jefe de la Unidad de Estudios del INDH de manipulación del Informe Anual 2019. Sin embargo, este fue aprobado por la unanimidad del Consejo, y ha sido citado decenas de veces en los documentos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Una manifestación de este intento pertinaz de demolición del INDH es el acuerdo adoptado por la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención, la que propuso crear una Defensoría del Pueblo. Se busca crear una institución en esencia unipersonal, no colegiada, y elegida por el Parlamento con un bajo quórum, a diferencia de los actuales consejeros que son elegidos por los 4/7 de la Cámara de Diputados y el Senado, por organismos de la sociedad civil y decanos de Derecho, poniendo en cuestión dos aspectos esenciales de toda institucionalidad de DD.HH. El primero es el pluralismo que solo se puede expresar plenamente en un órgano colegiado con amplias facultades, como lo es hoy, que reúna distintas identidades políticas, culturales y sociales. El segundo es la autonomía de la futura Defensoría, pues la elección de su máximo dirigente dependerá de una mayoría política transitoria.
Las luchas internas del INDH, y la visión sesgada de los DD.HH. por parte de algunos sectores políticos, hacen que al ver amenazados espacios que por años han sido capturados, sean capaces de utilizar cualquier herramienta para derribar un mínimo atisbo de pluralismo y autonomía. Pareciera ser que en el INDH se cumple el dramático dicho de Eurípides: “Aquel a quienes los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco”. En este caso, parece que algunos miembros del Instituto perdieron toda objetividad y en su reemplazo han desatado pasiones y descarrilados objetivos políticos. Pueda ser que en unos días el Pleno de la Convención ponga atajo a este intento desmadrado y no se consume el intento de desfigurar el INDH, accionar basado en buena parte por la contumacia de un sector altamente ideologizado cuyo compromiso con el pluralismo y la tolerancia es, por decir lo menos, cuestionable.
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