Parece no haber dos opiniones entre los expertos, tenemos un grave déficit en inteligencia como instrumento de anticipación o predicción del delito. Si se agrega a ello que el crimen organizado crece en nuestra sociedad, la tormenta parece perfecta. Hace cuatro años se envió a trámite legislativo un proyecto que buscaba modernizar nuestra estructura orgánica de inteligencia, pero duerme en la Cámara baja. Qué razón hay para tanta dilación, se desconoce.
La iniciativa estaba enfocada en aspectos de coordinación del sistema y no en una real modernización de sus entidades. Al parecer, se partió del supuesto de que no había un fluido intercambio de información entre los servicios. Pero en la realidad, la inteligencia no ha mostrado una especial falta de coordinación. De hecho, en la Ley 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) y la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) hay un Comité de Inteligencia esencialmente técnico, encabezado por el director de la ANI e integrado por todos los servicios. En él radica la coordinación de inteligencia y ha generado diversos subcomités sobre temas específicos.
La importancia de mantener el carácter técnico en la coordinación de inteligencia, como está en la ley actual, es que la instancia asegura el carácter secreto en el intercambio de información. En segundo lugar, los “subcomités” especializados pueden producir análisis concretos en sus diversas temáticas, con una adecuada y útil integración de información que obra en poder de los distintos servicios. Sin embargo, esto no está presente en el proyecto de 2018 que apunta a una coordinación “desde arriba” y parece descuidar el trabajo a nivel técnico.
El proyecto de reforma se centra en generar instancias nuevas, como un consejo de inteligencia encabezado por el Presidente de la República, donde los comandantes en jefe probablemente representarían a sus instituciones, acaparando la voz que debieran tener las inteligencias. Además de ello, contempla la figura de un subdirector nombrado por el Presidente de la República en la ANI, algo que tiene poco sentido ya que la Agencia y su director dependen del Presidente en la ley vigente. Por otro lado, esta figura del subdirector nombrado por el Presidente puede estimular cuoteo político en la Agencia. Otra posibilidad, como ocurrió en el gobierno anterior, es caer en una combinación de un director civil y un subdirector militar o viceversa, con los magros resultados que constató la prensa.
Si se asume que el espíritu de la iniciativa es fortalecer la ANI en un rol coordinador del Sistema, se debería considerar que requiere más recursos y capacidades. En esta línea, es manifiesto que su actual dotación no se condice con el desarrollo de Chile ni con las amenazas que enfrenta el país. Si se considera que en países de la región los servicios de inteligencia civil cuentan con varios miles de funcionarios, es claro que Chile se ha quedado muy atrás. La envergadura del crimen organizado, narcotráfico, violencia rural y anarquista, así como la ciberseguridad y la necesaria contrainteligencia, requiere un examen ineludible sobre un área particularmente desatendida a lo largo de estos años.
Una ley de inteligencia moderna requiere más potencia en cada servicio y no situar la coordinación como el corazón de una reforma. Quizás el aspecto más valorable del proyecto es poner el foco en que es necesaria una reforma en materia de inteligencia y la integración de la UAF como parte de los servicios que deben estar en el SIE.
Por cierto que son consideraciones debatibles, solo me ampara mi preocupación ciudadana. Nuestra estructura orgánica de inteligencia no da el ancho, el fenómeno delictivo que vivimos se termina nutriendo de nuestras debilidades y de dilaciones irresponsables.
Por Jorge Burgos, abogado
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