La frase del título es común en la jerga futbolera; con ella se quiere decir que el piso sirve para ralentizar el juego, ordenar a los jugadores y bajar el ritmo para colocar las piezas en orden. Mutatis mutandis es lo que los actores políticos, cualquiera sea su ubicación ideológica, debieran hacer en materia de seguridad pública, principal e indiscutida demanda ciudadana.
De cuánto ha servido establecer esta cuestión desde la perspectiva oposición-gobierno, qué resultado hemos logrado en la lógica yo lo hice bien cuando fui gobierno o yo lo haré bien cuando lo sea; para la triste historia quedan títulos o frases como “se acabará el recreo de la delincuencia” o “hay que refundar Carabineros”, solo por citar una de cada lado del discurso populista.
En estos días frente a delitos de horrorosos efectos se ha vuelto a instalar el debate sobre la pertinencia de declarar, particularmente en la Región Metropolitana, Estado de Excepción Constitucional de Emergencia por grave alteración a la seguridad y orden público. Otros en la carrera de ideas rápidas y no muy meditadas hablan de echar mano a las disposiciones constitucionales sobre “infraestructura crítica”.
¿Serán estas propuestas soluciones plausibles? Desde luego, la que tiene que ver con la protección de nuestra infraestructura estratégica parece no tener mucho que ver con la delincuencia común, organizada o individual; no está ahí el problema que sufrimos hoy, lo que está en riesgo no son las subestaciones eléctricas o los rodoviarios.
El Estado de emergencia, esto es, entregar la seguridad transitoriamente a una autoridad de las FF.AA., es un debate que se instala y ya no solo lo colocan autoridades ubicables a la derecha del espectro.
Para responder con rigurosidad a esta propuesta es necesario primero saber si nuestras FF.AA. están en condiciones numéricas y logísticas de acometer, aunque transitoriamente, una tarea de esta magnitud. Yo al menos tengo dudas de que lo estén sin paralelamente desatender, en parte, sus tareas principales. Quizás el análisis de la procedencia de esta excepcionalidad debiera centrarse en zonas, no en comunas, donde la autoridad llegara a la conclusión de que las fuerzas naturalmente encargadas de la seguridad están superadas, bien porque se han convertido en territorios impenetrables, o por la cantidad de armas de que disponen los malhechores.
Qué duda cabe que tenemos un problema mayor con los crecientes indicadores de inseguridad, que provocan desastrosos efectos en todas las áreas de nuestro cada día más complejo crecimiento. No hay atajo, solo el trabajo serio y mancomunado de nuestra política puede dar resultados; la actual forma de enfrentar el problema solo puede agravarlo. Menos peloteo, pelota al piso con urgencia.
Por Jorge Burgos, abogado
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