El obsceno fraude cometido por el régimen de Nicolás Maduro al entregar los resultados de la elección presidencial del domingo 28 de julio ha provocado una amplia condena internacional. El lunes 29, las fuerzas opositoras encabezadas por María Corina Machado informaron al mundo que disponían del 73,2% de las actas, y que Edmundo González Urrutia era el verdadero ganador, pues obtuvo 6.275.180 votos, contra 2.759.256 votos de Maduro, o sea, aunque todas las actas restantes fueran desfavorables para González, no bastarían para cambiar el resultado. La información detallada de la votación llegó a numerosos gobiernos, entre ellos al chileno, los que han coincidido en reclamar un escrutinio transparente y verificable.
El hecho de que el movimiento democrático haya demostrado que puede probar el fraude (el martes 30 de julio, ya tenía en su poder el 85% de las actas) ha tenido un efecto político devastador para el régimen, dentro y fuera de Venezuela. La OEA señaló que “los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático”. En los hechos, el régimen de Maduro perdió la batalla política de la legitimidad, y ese elemento será decisivo en el ámbito internacional.
Está en curso una auténtica rebelión en Venezuela para hacer respetar la voluntad popular. La propia dinámica desatada por el fraude ha acelerado el cuestionamiento del régimen dictatorial. Es evidente que la permanencia de Maduro en el poder solo es posible “por las malas”, o sea, al precio de una represión en gran escala, lo cual, a su vez, acentuará el aislamiento del régimen y la posibilidad de que colapse.
La onda expansiva de la crisis venezolana ha alcanzado al conjunto de la región. Todos los gobiernos están conscientes de que constituye un factor de inestabilidad de efectos imprevisibles. Una revuelta civil en Venezuela podría dar lugar, ciertamente, a una situación catastrófica en términos humanitarios, con una incontenible corriente. Evitar ese escenario es una cuestión vital para todo el continente, pero eso pasa necesariamente por el desplazamiento de Maduro del poder, aunque todo lo demás quede sujeto a una negociación.
Si en Chile faltaran razones para considerar la crisis venezolana como un elemento político insoslayable debido a que medio millón de venezolanos viven acá, está la circunstancia, única en la región, de que el Partido Comunista, aliado incondicional de Maduro, participa en el gobierno del Presidente Boric, quien ha dicho -con fuerza- que no aceptará los resultados de la elección del 28 de julio que no sean verificables.
La batalla de Venezuela importa a toda la región. Es mucho lo que está en juego, al punto de que de su desenlace depende en gran medida la suerte que corran las dictaduras de Cuba y Nicaragua. El gobierno estadounidense ha constituido un grupo de trabajo que sigue muy de cerca los acontecimientos. La violencia, por desgracia, ya ha cobrado varias vidas. Será determinante lo que ocurra dentro de las Fuerzas Armadas, en cuya cúpula es muy alta la corrupción.
Lo anterior lo escribimos a pocos días de la felonía de Maduro y sus sostenedores. La repulsa internacional ha ido en justificado aumento; la ONU, el gobierno de EE.UU., el Centro Carter, entre muchos otros, se han sumado, hasta los amigos de Maduro (Lula y Petro) se alzan en la decisión de no respetar el intento fraudulento de la dictadura militar bolivariana, más que no sea con una muy opinable repetición del acto eleccionario, como si el problema hubiera estado radicado en el acto y no en el mañoso y manipulado resultado.
No es primera vez que los autócratas lo hacen, la diferencia esta vez debe pasar por no aceptarlo, ni tampoco naturalizarlo
Por Jorge Burgos, abogado
